TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la decisión de la presidenta Xiomara Castro luego de la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad donde se aprobó investigar y castigar a quienes financien las protestas en el país, el Partido Nacional emitió un comunicado en el que condenó la “soberbia y autoritarismo” de la mandataria.
En el comunicado, el partido de oposición mencionó que Castro de Zelaya muestra su intolerancia y doble moral con los hondureños por lo que le pidieron gobernar para el pueblo y abandonar su militancia en Libre.
Asimismo, se manifestó en contra de la decisión del actual gobierno de querer aprobar una legislación tributaria sin el correspondiente diálogo.
“En un acto de soberbia, autoritarismo y envuelto en absoluto irrespeto al elemental derecho humano a la protesta, la presidenta Xiomara Castro amenaza a las personas que salieron a protestar en la ciudad de Choluteca” comienza diciendo el comunicado.
Añade: “La presidenta Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y amenaza con tomar represalias por un simple ejercicio democrático y ciudadano de protesta de hondureños de la zona sur que se oponen a la injusta ley fiscal. Sin embargo, y paradójicamente, cuando los colectivos de Libre se toman los centros de salud y hospitales durante semanas, violentando el fundamental derecho humano a la salud, la señora Castro de Zelaya, no hace ni dice absolutamente nada”.
“Querer imponer una legislación tributaria a la fuerza, sin diálogo con los verdaderos generadores de empleo, amenazando el uso de la fuerza a los que se oponen pacíficamente a los dictados autoritarios, no es más que el inicio del verdadero régimen totalitario de izquierda, que es proyecto político de Libre”.
Por lo tanto, el Partido Nacional llamó a la presidenta Castro para que “abandone su militancia en Libre, gobierne para todos los hondureños y deje en el pasado su resentimiento y odio acumulado desde 2009”.
Finalmente, recalcaron que los artículos del 78 al 81 le da el derechos a los ciudadanos de manifestarse pacíficamente y que ninguna autoridad está por encima de la ley y que “violentar estos derechos implica un delito”.
