Honduras

México pide a Honduras permita regreso de mexicano testigo de asesinato de ambientalista

La embajada mexicana en Tegucigalpa 'pidió que se permita al señor Castro retornar a México lo antes posible

10.03.2016

Ciudad de México, México
México pidió a Honduras que permita el regreso a su país del activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y que es retenido en Tegucigalpa en el marco de las investigaciones, informó este jueves la cancillería.

La embajada mexicana en Tegucigalpa 'pidió que se permita al señor Castro retornar a México lo antes posible, desde donde seguirá colaborando con el proceso de investigación como lo prevé la propia normatividad hondureña y el acuerdo vigente entre ambos países', señaló un comunicado de la cancillería de México.

Castillo, quien presenció el asesinato a balazos de Cáceres el pasado 3 de marzo en la comunidad La Esperanza, se encuentra herido de bala en un brazo y la mejilla y sus familiares, que viajaron a Honduras, exigen mayores medidas de protección para el activista.

La cancillería mexicana explicó que ha solicitado al gobierno hondureño 'detalle el alcance de las medidas de seguridad' adoptadas para preservar la vida y la integridad de Castro.

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Castro intentó regresar a México el pasado domingo, pero las autoridades migratorias lo retuvieron como testigo ya que logró el rostro de uno de los asesinos.

El activista 'ha mostrado plena disposición para colaborar con la fiscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, con el fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables', añadió la cancillería al abogador por el pronto retorno del mexicano.

La embajada se mantiene contacto permanente con Castro para brindarle apoyo y protección consular.

Familiares del activista han denunciado que la juez a cargo del caso inhabilitó a la abogada que contrataron y ahora temen que exista la intención de fincar responsabilidades a Castro.

Cáceres, una dirigente indígena y ambientalista, era presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y encabezaba la lucha contra un proyecto hidroeléctrico en el río Gualarque, que se desarrolla dentro de territorio indígena.

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