Honduras

Ley de Transporte pasa al gavetero del CN

La discusión de las reformas a la Ley de Transporte provocó malestar en un sector de empresarios del rubro.

07.04.2014

El proyecto de reformas a la polémica Ley de Transporte, que ocasionó la polarización entre el gobierno y los empresarios del rubro, quedó engavetado por disposición del actual Congreso Nacional, según el diputado Renán Inestroza.

Esto implica que no serán aprobadas en esta legislatura sino que, de ser retomadas, serían objeto de un nuevo proceso de socialización por parte del Congreso, que inicia su gestión legislativa el 27 de enero de 2014.

El proyecto de reformas que era discutido por los diputados en su primer debate fue retirado de la agenda legislativa en el mes de septiembre por instrucciones del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien justificó que era para una revisión.

La puesta en discusión de este tema causó la revuelta de un sector de transportistas que efectuaron tomas de calles, plantones frente a la Casa Presidencial y del Congreso, ya que no estaban de acuerdo con que se liberaran algunas rutas y se legalizaran rubros como el servicio de rapiditos y las mototaxis

El presidente Porfirio Lobo pidió copia y dictamen del proyecto, pero nunca lo devolvió al Congreso Nacional con las recomendaciones que prometió hacer con su equipo de asesores.

El diputado Renán Inestroza lamentó que esto haya ocurrido, ya que pone en perspectiva que continuará el desorden en el sector transporte, en donde unos empresarios operan legalmente y otros de manera irregular.

Las reformas a la ley contemplaba una reorganización del sector transporte pero, además, venía a darle poderes al director de Transporte, ya que este funcionario puede decidir a su criterio a quién le otorga permisos de taxis, de mototaxis y de los llamados buses rapiditos.

El presidente Lobo acusó a su director de Transporte, Blas Ramos, de estar promoviendo una Ley de Transporte a sus espaldas, por lo que amenazó que si el Congreso insistía en aprobarla la vetaría.

Otro elemento que generó polémica es esta disposición contenida en la ley, en el sentido que el Estado indemnizaría a las viejas unidades que son reemplazadas a raíz de la entrada en funcionamiento del Trans 450, debiendo pagar por cada unidad la cantidad de medio millón de lempiras.