Tras el despido de tres jueces y una magistrada, bajo el supuesto de que se opusieron al golpe de Estado suscitado en 2009, Honduras debió rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso refiere los despidos de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonzo Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, como el de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
Esta es la primera demanda relacionada con la crisis política que llega a instancia del tribunal internacional.
La audiencia, que duró dos días, comenzó este lunes en la sede de la CorteIDH, en Costa rica, donde el exjuez López Lone hizo su declaración, al tiempo que instó a los jueces que condenen al Estado de Honduras y ordenen restituirlos en sus cargos.
También, López Lone urgió a la CorteIDH que ordene reformas a las leyes y reglamentos hondureños relacionados con los procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales, pues “en la actualidad se prestan para perseguirnos y atemorizarnos”.
El exjuez, quien para aquel entonces fungía como presidente de la junta directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, contó que fue partícipe de una manifestación en calidad de ciudadano rechazando el Golpe de Estado cometido contra el exmandatario Manuel Zelaya.
“Haber participado en una manifestación el 5 de julio de 2009 provocó la apertura de un procedimiento disciplinario del que no fui notificado”, explicó López.
Conforme testimonio del destituido juez, la justificación que le dieron para la apertura del proceso disciplinario y posterior destitución fue que su participación en la manifestación fue “incompatible con la investidura de juez”.
“Mientras nos sancionaba, la Corte Suprema de Justicia expresaba que todo era legítimo, que la sucesión presidencial era legítima y eso, como jueces, nos producía mucho desconcierto. La Corte estaba legitimando el golpe”, expresó López en su declaración.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encarga de elevar las acusaciones a la CorteIDH, está representada en la audiencia por su presidente, José de Jesús Orozco, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Orozco presentó el caso ante la CorteIDH y afirmó que los hechos ocurrieron en un “contexto de persecución contra las voces críticas del golpe” y recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó los hechos como un golpe de Estado y expulsó a Honduras del organismo.
El presidente de la CIDH también acusó al Estado hondureño de “falta de voluntad” para cumplir con las recomendaciones hechas por la CIDH en favor de los cuatro demandantes.
Según Orozco, este caso es una oportunidad para que la CorteIDH cree jurisprudencia acerca de los procesos disciplinarios contra los jueces en el continente y su relación con el principio de independencia judicial.
Además, dijo, la Corte podrá pronunciarse acerca de los alcances del derecho de la libertad de expresión y la libertad de asociación de los jueces.
La demanda contra Honduras indica que las presuntas víctimas eran parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió su posición en rechazo del golpe.
Esa asociación publicó diversos comunicados calificando los hechos como un golpe de Estado “en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional”, indica la demanda.
La acusación agrega que los procesos disciplinarios contra los jueces y la magistrada fueron instaurados “con el objeto de sancionar los actos o expresiones que realizaron en contra del golpe de Estado”.
La Corte Interamericana escuchará mañana los alegatos orales finales de los representantes de las víctimas, de la CIDH y de los agentes del Estado hondureño.
La CorteIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría emitir una sentencia dentro de los próximos tres meses.
