Honduras

Gobierno de Honduras condena violento asalto a la Corte Suprema

Mediante un comunicado rechazó los señalamientos del periodista David Romero, refiriendo que los delitos que se le imputan al mismo son de carácter privado.

24.07.2015

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Honduras por medio de un comunicado desmintió este viernes las versiones en su contra sobre estar relacionado con el proceso judicial que enfrenta el periodista David Romero Ellner.

La aclaración trascendió luego de las recientes acusaciones de Romero Ellner en el sentido que es objeto de una campaña gubernamental en su contra.

'Me siento perseguido por el Estado de Honduras por denunciar los actos de corrupción del Seguro Social', dijo ayer el periodista en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Mediante el escrito, el Poder Ejecutivo aclaró que el comunicador en mención enfrenta una acusación particular de parte de la ciudadana hondureña Sonia Gálvez, ex fiscal de la República, quien en ejercicio de sus derechos presentó en 2014 una acusación por injurias, calumnias y otros delitos conexos en su contra.

El documento hace referencia a que el gobierno no tiene nada que ver con el proceso judicial que enfrenta Romero Ellner, ya que el mismo es de carácter privado, y no está relacionado con ninguna actividad periodística o de comunicación social.

El caso privado se ventila ante los tribunales de justicia y luego de agotarse todo el procedimiento legal, el mismo llegó a la etapa final del juicio oral y público.

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Considerando que el jueves, mientras se realizaba una audiencia judicial, decenas de personas usaron la violencia y en una acción censurable, irrumpieron en la sede judicial y sustrajeron del juicio al Señor David Romero Ellner en violación flagrante a la autoridad y a la ley.

El gobierno condenó, a través del comunicado, el violento asalto a una sala del Poder Judicial y reprocha el uso de la violencia y la intimidación para impedir que las autoridades judiciales ejerzan sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes.

Asimismo informa que se ha ordenado la adopción de medidas adicionales de protección de la sede del Poder Judicial, a efecto que la justicia pueda actuar libremente y sin presiones de ningún sector.

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