TEGUCIGALPA, HONDURAS
El próximo 5 de julio se vence el plazo fijado de 90 días para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emita una opinión sobre las reformas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito que fueron vetadas por Juan Orlando Hernández.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal presidida por el titular de la CSJ, Rolando Argueta, sería la encargada de analizar la armonización de esta normativa, tal y como recomendó el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el organismo colegiado de carácter permanente no ha sido convocado a la fecha para que se escuche a los diversos sectores de la sociedad civil, en especial aquellos vinculados con la justicia en cuanto a las enmiendas contenidas en el decreto legislativo 30-2018.
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Los diputados Mario Pérez, quien fungió como presidente de la comisión de dictamen de las polémicas reformas, y Denis Castro Bobadilla, que fue el proyectista, se designaron como enlaces por el Congreso Nacional, pero nunca se reunieron con la comitiva.
Castro Bobadilla, congresista de la Alianza Patriótica Hondureña, confirmó a EL HERALDO que estaba anuente al llamado de la comisión para analizar qué modificaciones amerita la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
El 6 de abril, el CN remitió a la Secretaría de la CSJ el veto presidencial al decreto que reformaba 18 artículos del instrumento jurídico vigente desde el 2010, incluyendo tres disposiciones de la Ley Especial contra el Delito de Lavado de Activos.
Luego del análisis y consultas a expertos, el mandatario decidió vetar el decreto 30-2018 por reformar tácitamente varios códigos sin haberse solicitado antes la opinión de la Corte.
