Dicha Comisión prácticamente le da el tiro de gracia al fiscal general Luis Alberto Rubí y al fiscal adjunto, ya que durante se efectúe la intervención asumirán todas las funciones y atribuciones que legalmente le competen a estos funcionarios, “hasta que dure la vigencia del presente decreto, quienes durante este término no ejercerán funciones atribuidas a sus cargos”. Esto no representa la separación de ambos funcionarios.
El decreto fue aprobado con objeciones jurídicas: diputados que defienden la Constitución de la República se llamaron al silencio sobre el hecho que el Congreso no tiene atribuciones de intervenir a otros organismos del Estado.
La media de votación fue de 113 votos a favor, 10 abstenciones y 5 en contra en la mayoría de los artículos, pero cuando se discutió el tema de la suspensión de los dos fiscales, la votación quedó 92 a favor, nueve abstenciones y 27 en contra. Anoche mismo fue aprobada el acta de la sesión que se prolongó hasta las once de la noche, tras haber iniciado a las 11:00 de la mañana.
Elección
En las próximas horas, la Comisión Especial de Seguridad presentará al pleno una nómina de candidatos para ser electos miembros de la Comisión. El presidente del CN pidió que fuera consensuada con todas las bancadas y con los miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia. Anoche se barajaban nombres como Ivis Discua, Edmundo Orellana y Vilma Morales.
La Comisión Interventora del Ministerio Público estará integrada por tres miembros propietarios y un suplente, de los cuales habrá un miembro coordinador, electos por el Congreso Nacional, de una nómina propuesta al Pleno por la Comisión Legislativa Especial de Seguridad.
Cuestión delicada
El jefe de la bancada liberal, Yani Rosenthal, dijo que la intervención del Ministerio Público era una cuestión delicada y no se le podía quitar atribuciones al fiscal siendo que esta figura tiene rango constitucional. A partir de esta intervención ¿quién iba a delegar las funciones a los demás fiscales?
Rosenthal defendió la tesis que no le podían quitar atribuciones al fiscal general y al fiscal adjunto, ya que se estaba violentando la Constitución de la República e insistió que el artículo 5, que le quita atribuciones al fiscal y a su adjunto, no era procedente.
Entre alegatos de que era mejor someter a un juicio político al fiscal para no cometer ninguna ilegalidad y posiciones de que la cuestión era resolver el problema inmediato de la inseguridad, al final la Cámara resolvió aprobar el artículo tal como estaba redactado con el agregado que la Comisión definirá el presupuesto con el que operará. La votación fue nueve abstenciones, 92 votos a favor y 27 en contra.
El liberal Carlos Martínez pidió que el nombramiento de los miembros de la Junta Interventora debía hacerse por mayoría calificada para evitar el manoseo político en la escogencia de las personas que integran ese grupo de trabajo. Su moción no fue tomada en consideración.
Juicio político
Los radicales Sergio Castellanos y Marvin Ponce, de Unificación Democrática, siguieron sosteniendo que el fiscal debió haber sometido al juicio político y ¿por qué no se hizo?, pero ningún miembro de la Comisión Dictaminadora dio respuesta a la inquietud. Habrá algunos que seguirán defendido al fiscal, pero este funcionario ya no se puede defender ni el solo, dijo Ponce.
El diputado udeísta defendió el decreto del cual es dictaminador arguyendo que “no se trata de una paralela, esa Comisión va con todas las potestades, inclusive la comisión va a tener facultades hasta de suspenderlo a él (Luis Rubí), así como a fiscales especiales”, aseveró.
Resaltó que el Partido Liberal y su jefe de bancada, Yani Rosenthal, fueron quienes salvaron al fiscal Rubí, para que no fuera destituido. “El Partido Liberal y Yani Rosenthal fue el que más lo protegió y tuvieron miedo de tomar una decisión más fuerte”, aseveró.
Por su lado, el diputado Wenceslao Lara votó en contra apelando que el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público establece que ningún poder del Estado puede tener ingerencia en el Ministerio Público. Aquí lo que toca es exigirle al fiscal resultados porque esa comisión interventora no llegará a hacer nada. Lara afirmó que la creación de esta ley era inconstitucional.
El debate se volvió controversial cuando el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, trató de evadir las acusaciones mutuas con el candidato presidencial liberal, Mauricio Villeda, en el sentido que se había politizado el tema.
Las diputadas Yadira Bendaña y Waldina Paz le reclamaron que no era necesario traer a colación al tema. Hubo un momento en que las intervenciones se tornaron encendidas, al grado que la diputada Paz denunció que la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, amenazó con poner en la dendetta publica a los diputados que votaran en contra de la intervención del Ministerio Público.
Waldina Paz afirmó que los diputados venimos a representar al pueblo y no somos mandaderos de grupos de la sociedad civil, a lo que el presidente del CN ripostó que “yo sí soy mandatario del pueblo”.
El presidente del CN dio oportunidad a la rectora Castellanos, de intervenir en el debate por la alusión que hizo la diputada Waldina Paz, indicando que lo que ella (Waldina Paz) había dicho es absolutamente falso; “yo no he venido a amenazar a nadie”.
“Me sentiría indigna de dirigir la Universidad si ese fuera mi comportamiento”, expresó la rectora. “Nunca haría algo que mi actuación deshonre el cargo que ocupo”, señaló.
El dictamen modificó el proyecto que le daba atribuciones a la Comisión de suspender durante el tiempo de la intervención al Fiscal General de Estado, al Fiscal General Adjunto, así como a los funcionarios que considere necesario, para el mejor desempeño y cumplimiento de su misión, dice la Ley.
El decreto establece que la Comisión Interventora contara con asesoría internacional proporcionada por países amigos cooperantes, por entes internacionales, instituciones o programas nacionales o internacionales para el mejor logro de su misión.
Asimismo, las Resoluciones de la Comisión interventora serán colegiadas y se adoptaran por mayoría simple de sus miembros propietarios.
+Dictamen Comisión Interventora del Ministerio Público
Polémica
La creación de esta interventora ha generado la polémica entre los juristas que consideran que el Congreso Nacional no tiene atribuciones para intervenir a ninguna institución del Estado, El artículo 205 no le confiere esas función.
Puede interpelar a los secrearios de Estado y otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquiera otra entidad en que tenga interés el Estado, sobre asuntos relativos a la administración pública.
Además, aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electora, Tribunal Supoerior de Cuentas, Procuraduría de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información Pública, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás órganos auxiliares y especiales del Estado.
La Constitución solo habla que el CN podrá nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimientos de dichas comisiones será obligada bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial, dice la Carta Magna.
El lunes 15 de abril del corriente año, el Congreso Nacional aprobó por 92 votos a favor el Informe Sobre los Operadores de Justicia presentado por la Comisión Especial de Seguridad, y en lo relacionado al Ministerio Publico, en el que imprueba la conducta de los titulares del Ministerio Público.
Además, recomendó al pleno su inmediata Intervención mediante una comisión especial con las atribuciones y competencias que la Ley le atribuye al Fiscal General del Estado.
En menos de 24 horas, el diputado Agapito Rodríguez presentó el proyecto de decreto en cuyos considerandos fundamenta la aprobación de La Ley Especial de Intervención del Ministerio Público, en el informe aprobado por el pleno legislativo, que recomienda la inmediata intervención de esas institución.
Atribuciones de la Comisión
• Realizar un diagnóstico integral de la institución, en base a las funciones y atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden al Ministerio Publico.
• Desarrollar e implementar una pronta y efectiva evaluación y depuración de todas las estructuras del Ministerio Publico, a través de la aplicación de pruebas de confianza de manera integral, a efecto de volverlo confiable.
• Definir y ejecutar un esquema legal de selección de personal calificado, que permita el ingreso y ascensos de personal con la capacidad e idoneidad para el cargo.
• Ejecutar un reordenamiento de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales, fiscalías departamentales y cualquier otra dependencia, en relación a sus estructuras y recursos humanos, para lograr efectividad en el desempeño de sus funciones.
• Definir las políticas a corto, mediano y largo plazo de la Institución y establecer planes operativos de trabajo, rendimiento y resultados.
• Investigar de oficio o por denuncia todo acto realizado por cualquier miembro de la institución y proceder de conformidad.
• Contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal de la institución, como resultado de las evaluaciones y de los requerimientos.
