El Juzgado con Jurisdicción Nacional de Honduras procederá a someter a juicio oral y público a tres funcionarios del Poder Judicial, acusados por otorgar privilegios a un presunto narcotraficante y un pandillero.
Los exfuncionarios que deberán someterse al proceso son María Elena Fonseca Cruz, quien fungía como jueza con Jurisdicción Nacional, Wendy Caballero, exjueza, y su hermano Wilson Caballero, secretario.
Fonseca Cruz fue acusada por la Fiscalía por el delito de abuso de autoridad, al haber ordenado la liberación de Adán Montes Bobadilla en incumplimiento al proceso legal.
En cumplimiento a una orden de captura solicitada por el Ministerio Público, fue detenida en La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.
Según el expediente, los abogados privados del acusado presentaron varias constancias médicas aduciendo que el supuesto narco se encontraba grave de salud, pero Medicina Forense constató que no padecía de una enfermedad terminal por lo que no podía dejársele en libertad.
Sin embargo, la jueza no valoró el dictamen forense y ordenó la liberación del presunto narcotraficante.
María Elena Fonseca fue separada de su cargo por el Consejo de la Judicatura, luego de presentarse a una audiencia de descargo.
En el caso de Wendy Caballero, el Ministerio Público presentó una acusación por cohecho, abuso de autoridad y prevaricato, luego de comprobar en serie de llamadas telefónicas, que habría negociado el pago del soborno para dictar arresto domiciliario a favor del presunto pandillero Alexander Montes Aguilar.
La entonces jueza habría recibido unos 45 mil dólares y fue detenida cuando retornaba de Estados Unidos en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
Por el mismo caso, también se emitieron órdenes de captura contra Wilmer Caballero, secretario y hermano de la jueza; Marcial Gutiérrez, escribiente asignado a la jueza, y el abogado Lucio Ferrera, señalado por los fiscales como la persona que negoció la cantidad de dinero que recibiría la jueza.
Caballero fue capturado en abril en La Ceiba, mientras aún se encuentran prófugos de la justicia Marcial Gutiérrez, escribiente asignado a la jueza y el abogado Lucio Ferrera, señalado por los fiscales como la persona que negoció la cantidad de dinero que recibiría la profesional del derecho.
