Apenas 1 de cada 10 homicidios contra niños y adolescentes son judicializados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La violencia que ha azotado a Honduras por años no tiene excepciones, ni por sexo, ni por estatus social, ni siquiera si se trata de niños y adolescentes.

Las familias, además de enfrentar la irremediable pérdida de un hijo, un hermano, un primo o un sobrino, también cargan con la justicia tardía contra aquellos que decidieron arrebatarle la vida.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó los 807 homicidios contra menores de edad ocurridos en los últimos cinco años con la cantidad de casos que han sido llevados a los juzgados.

Desde 2018 hasta abril de este año, solo se han registrado 107 ingresos de expedientes a los Juzgados de Letras de lo Penal. Al compararse con la cantidad de homicidios, el análisis refleja que solo el 13% de los homicidios fueron judicializados, es decir 1 de cada 10 casos.

Los datos proporcionados por el Poder Judicial, a través de la solicitud SOL-PJ-2428-2023, muestran que 2022 fue el año con más ingresos a los juzgados correspondientes, con 45 ingresos.

En segundo lugar se ubica 2019 con 31 judicializaciones. En cambio, 2020 y 2021 apenas suman doce casos entre los dos años.

La relación entre la cantidad de menores que pierden la vida y la cifra de procesos judiciales iniciados refleja que el brazo de la justicia no llega a todos los casos. En la mayoría de los años analizados, la tendencia se mantiene que de cada 10 homicidios, solo uno llega a los juzgados.

Así ocurrió en 2020 y 2021, años que registraron el menor número juicios relacionados a muerte de menores (el dato incluye homicidios, asesinatos y parricidios).

En 2020 apenas se judicializaron 3 casos frente a 139 homicidios que ocurrieron, mientras que en 2021, cuando se reportó la muerte violenta de 80 niños y adolescentes, apenas ingresaron 9 casos a los tribunales de justicia.

En contraste, 2022 fue el año que mostró una mejor proporción: se reportaron 84 homicidios y de acuerdo a las estadísticias del Poder Judicial se judicializaron 45. En otros términos, 5 de cada 10 homicidios llegaron a juicio.

Merece mencionar que no necesariamente se trata de los crímenes ocurridos en ese año, pero es el mejor dato para interpretar el nivel de justicia del Estado frente a este flagelo.

Cabe resaltar que estas 107 judicializaciones evacuaron el caso de 122 víctimas de homicidio menores de 18 años, de las cuales 76 eran féminas y 46 varones.

El director del proyecto Futuros Brillantes de la organización Visión Mundial, Jorge Valladares, apuntó que la impunidad en Honduras se ha vuelto general, incluyendo la situación de los menores de edad.

“Me atrevó a decir que menos del 10% de los casos están siendo judicializados”, vaticinó el experto, lo que concuerda con los datos analizados por este medio.

De acuerdo a las cifras de la unidad estadística del Poder Judicial, de los casos analizados apenas se aperturaron 14 juicios (un dato bajo con respecto al total de expedientes), además de dictarse 16 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, es decir, sin tener que haber llegado a los tribunales de sentencia.

El abogado especializado en derechos de la niñez señaló que las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado son las responsables no solo de una gran parte de las muertes contra niños y adolescentes, sino también de la violencia en la que se encuentran. “La violencia está a un fino paso de muerte”, puntualizó.

Asimismo, apuntó que los niños en condición de vulnerabilidad son más propensos a ser cooptados por grupos criminales, instruyéndoles a que se dediquen a delinquir de distintas formas.

Valladares instó que debe reactivarse la comisión nacional para la investigación de menores de edad. Este mecanismo se creó a finales de la década de los noventa y estaba integrada por diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), el Poder Judicial y organizaciones no gubernamentales.

El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (Coiproden), Wilmer Vásquez, apuntó que el Estado debe comprometerse en implementar las políticas existentes a favor de los derechos de los infantes en Honduras.

“No son ausencias de políticas de Estado, sino falta de obligatoriedad política para que desde todas las instituciones del Estado se implementen y cada política tenga su presupuesto asignado”, puntualizó.

De igual forma, exhortó al gobierno a cumplir con las medidas sugeridas por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A su vez, hizo un llamado al Congreso Nacional para que el Presupuesto General de la República también sea distribuido a partir de las políticas a favor de la protección de la niñez y juventud.

“Si hay presupuestos públicos con enfoque basado en derechos y estos implementan las políticas desde la razón de ser de cada institución del Estado, vamos a mostrar mejores condiciones”, afirmó.

Para conocer la versión de las autoridades, este rotativo intentó comunicarse con Lizeth Coello, titular del Dinaf. Sin embargo, por motivos de salud no pudo atender la comunicación.