Tegucigalpa, Honduras
La Unidad de Política Limpia está monitoreando el comportamiento proselitista de 241 alcaldes que buscan la reelección, a fin de que no usen el presupuesto municipal para financiar su campaña so pena de ser sancionados, sin descartar la inhabilitación para el cargo que se postulan.
Esta campaña es diferente a las anteriores porque está en plena vigencia la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, promovida por la comunidad internacional y aprobada en octubre del año pasado por el Congreso Nacional.
“Tenemos una ley que es altamente sancionatoria y que tiene muchas disposiciones, porque busca con la aplicación de su reglamento fiscalizar un proceso que tiene inicio, desarrollo y fin”, dijo el comisionado Javier Franco.
“Ya tuvimos acercamiento con el Ministerio Público, con las fiscalías contra Lavados de Activos y crimen organizado, para fiscalizar los candidatos que podrían tener cuentas reñidas con la ley”, añadió. Franco dijo que la nueva ley es “la reforma electoral más revolucionaria en la joven democracia de Honduras”, porque contribuye a generar confianza y transparencia sobre el proceso electoral. La aplicación de esta ley tiene su primer impacto en la actual propaganda política que a diferencia de las anteriores no es ruidosa.
