Elecciones en Honduras

Fiscalizadores de partidos deben pasar las pruebas de confianza

Con el inicio del período de propaganda electoral, la dependencia priorizará algunas acciones. Sanciones pecuniarias se impondrán por denuncias temerarias, precisaron sus comisionados

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09.07.2017

Tegucigalpa, Honduras
Entre 30 y 40 personas laborarán en la unidad de política limpia, quienes tendrán que aprobar las pruebas de confianza, incluyendo análisis de sus capacidades profesionales que permitan contar con un equipo calificado para dar resultados a corto plazo.

En una visita para la Redacción de EL HERALDO los tres comisionados de esta dependencia adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) revelaron detalles del proceso de estructuración del ente que se encargará de “contarles las costillas” a los partidos políticos de cara al proceso de elecciones generales.

Los comisionados Kelvin Aguirre, Javier Franco y German Espinal explicaron que la escogencia del personal se realizará bajo el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

La unidad técnica contará con una estructura sencilla y ágil compuesta por un departamento en el que fungirán fiscales, auditores, otro para la asesoría legal al igual que de comunicaciones, confirmó el comisionado Kelvin Aguirre.

Sin embargo, durante los períodos electorales el personal de esta entidad crecerá debido a la mayor carga laboral que de ellos se deriva.

Aunque la dependencia es un cuerpo colegiado, no se ha definido quién será el comisionado que la dirigirá en los próximos meses, pero la presidencia se desempeñará de forma rotatoria correspondiéndoles dos años alternos a cada funcionario, revelaron a EL HERALDO.

56

millones de lempiras
se solicitó a Finanzas
como presupuesto
para su funcionamiento.


Sanciones
Aquellas personas que interpongan denuncias infundadas que carezcan de elementos probatorios - a quienes se catalogará como temerarias- se sancionarán de forma pecuniaria como parte de los protocolos creados por la unidad en sus primeros 30 días.

Los funcionarios informaron que se podrá deducir una responsabilidad administrativa, al igual que electoral, para denunciantes y todos los sujetos obligados por la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

A partir del próximo 28 de agosto, fecha en la que dará inicio el período de propaganda electoral, los comisionados priorizarán su accionar para verificar con el equipo de auditores los valores de una concentración política a través de diversas herramientas.

El comisionado German Espinal manifestó que “estaremos en una relación muy estrecha con los dueños de los medios de comunicación para poder afinar los parámetros de medición y costos de las campañas electorales”.

Pese a que los límites de gastos para estas acciones políticas ya fueron establecidos por el TSE por cada nivel electivo, se descarta su revisión, pero los miembros de esta delegación se comprometieron a controlar para que esos techos se cumplan sin excepción alguna.