Se duplicarán las metas de ingresos destinados para combatir a la delincuencia. El sistema financiero proyecta recaudar entre 2,000 y 3,000 millones de lempiras al año al aplicar la Tasa de Seguridad Poblacional.
Mientras, las expectativas de funcionarios del gobierno y del Congreso Nacional estiman que podrían ser de unos 1,500 millones de lempiras al año al aplicarle esta tasa al sistema financiero, la industria minera, las comidas rápidas y la telefonía móvil, entre otros.
Según el banquero Camilo Atala, el cumplimiento de esta meta de ingresos dependerá del comportamiento que tengan los clientes ante la referida normativa.
El Congreso Nacional aprobó el miércoles de la presente semana, vía interpretación, el decreto 166-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta el 1 de octubre de 2011.
La interpretación de unos 11 artículos está vinculada de manera directa con el sistema financiero.
El riesgo
El banquero expresó a los periodistas, en el marco de una reunión de negocios, que existe cierta preocupación de la banca porque hay que intermediar la transacción.
Para Atala, podría ocurrir que los clientes opten por pagar alguna transacción en efectivo, en vez de hacerlo con un cheque, porque se le cargará dos lempiras por cada mil.
“Creo que esto no es bueno para la economía. Espero que esto no pase y que estos nuevos cambios, pues, los tomemos suavemente y que no tengan un impacto”, expresó.
Fue del parecer que es contraproducente para la economía dejar de manejar los recursos a través de los bancos, en el caso que cada transacción se efectuara en efectivo. Si esto ocurriera así no existiría dinero para ser prestado por el sistema financiero.
Se mostró escéptico que las cooperativas, por tener un tratamiento diferente a los bancos, aprovecharán esta coyuntura financiera y elevarán sus ganancias.
Este sistema alternativo, según la ley, deberá cancelar 3.6% sobre los excedentes netos anuales (ingresos menos gastos) de su actividad cooperativista.
“La cooperativa seguirá funcionando igual. Los bancos como afiliación bancaria y como industria no vemos un impacto dramático en el movimiento, los créditos que otorgamos, ni en las personas, y tampoco en las empresas, expresó.
Para el banquero, es bueno recordar que esta Ley de Seguridad afectará de una manera en particular a empresas grandes. Las personas naturales que tienen una cuenta de ahorro no van a ser afectadas.
“Lo importante es que estos recursos sirvan para contrarrestar el problema de inseguridad”, aspiró.
Atala dijo que mantienen su compromiso de financiar al sector vivienda hasta por 20 años, porque existe una demanda a ser satisfecha.
Reconoció que el sistema financiero debe pagar la tasa de seguridad cuando efectúa un desembolso para un crédito de vivienda. “Con todo esto, continuó, nuestra responsabilidad es apoyar a los sectores y lo seguiremos haciendo”, indicó.
La transparencia
El diputado German Leitzelar expresó que la referida tasa estará vigente por un plazo de cinco años.
Los recursos se destinarán para invertirlos en el fortalecimiento del sistema de seguridad. Fue del parecer que los recursos deberán de administrarse de manera transparente.
Además que de manera paralela al sacrificio efectuado por la población y el sector privado deberán tener como contraparte la aplicación de una política de austeridad. “Deseamos que esta ley sea de carácter temporal y que no sea prorrogada o se convierta en permanente”, dijo.
