TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 1,500 camiones de los países de la región centroamericana se encuentran varados en la frontera de Peña Blanca, entre Nicaragua y Costa Rica, desde que el gobierno costarricense restringió el ingreso de transportistas extranjeros a su territorio argumentando que detectaron 50 casos positivos de Covid-19 entre conductores.
Las autoridades se niegan a abrir las fronteras y anunciaron una prueba piloto que solo permitirá el ingreso de conductores bajo un estricto protocolo de bioseguridad por 72 horas máximo para que realicen la descarga de mercancías en los depósitos fiscales y retornar vacíos a sus países.
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En consecuencia, Honduras, al igual que el resto de países de la región, respondió con la misma medida bajo el principio de reciprocidad establecido en el Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
La restricción comercial ha ocasionado una pérdida estimada entre 65 y 100 millones de dólares al comercio regional, según el sector privado, ya que se incurre en un sobrecosto y se pierden productos perecederos al estar varados en las aduanas.
Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), advirtió que de mantenerse la restricción se generará desabastecimiento de productos alimenticios e insumos para la lucha contra el coronavirus.
La Asociación de Exportadores de Costa Rica también advierte desabastecimiento, pérdida de empleos y cierre de algunas empresas que dependen del transporte de mercaderías.
Esperan respuesta
La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) instruyó no permitir el registro e inicio en Honduras de las Declaraciones Únicas Centroamericanas de Tránsito (DUCA-T), con código de Transportistas de y con destino a Costa Rica.
El director de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, informó que la medida se aplicó en Honduras, esperando que “se genere una reacción en cadena y que los países abran las fronteras para garantizar el abastecimiento de alimentos y suministros para el combate del Covid-19”.
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Por su parte, María Antonia Rivera, designada presidencial y ministra encargada de la SDE, dijo que “estamos optimistas y pensando en que Costa Rica va a reconsiderar las medidas y adoptará un protocolo de bioseguridad regional en el cual estamos trabajando”. Agregó que Honduras, por tener la presidencia pro témpore del Sica, buscará solución a la problemática.
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