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tegucigalpa
La Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un dictamen en el caso del Grupo Granjas Marinas (GGM), la empresa que opera en Choluteca y Valle, informó ayer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Arnaldo Castillo.
El grupo solicitó cambiar del Régimen de Importación Temporal (RIT) a Ley de Zonas Libres (Zoli) para las fincas camaroneras. Sin embargo, al parecer los análisis de las diferentes instituciones del Estado y de la OMC indican que no se concederá la solicitud.
“En este momento creeríamos que no es factible. Yo lo he venido diciendo que se va a ver impactados los ingresos que tienen las municipalidades del sur y de todo el país”, manifestó Castillo al tiempo de considerar que la espera por ese dictamen ha valido la pena.
“Ya nos respondieron y prácticamente nos dicen que sería una subvención a la parte agrícola primaria y por eso podríamos ser llamados a alguna consulta a la OMC”, advirtió. Es decir que Honduras podría afectar algunos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en consecuencia pagar tarifas en otros productos.
El funcionario dijo que el dictamen viene a reforzar la posición de la SDE “en una defensa del país, también de las municipalidades del sur y también evitando de que no se paguen impuestos”.
Esto en vista de que con el otorgamiento del beneficio las municipalidades dejarían de percibir impuestos y también ocurriría los mismo con alcaldías que están cerca de plantaciones de palma africana, banano y café.
Reiteró que el sacrificio fiscal oscilaría entre 1,200 a 1,600 millones de lempiras al año, de acuerdo con los análisis financieros del Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la OMC.
El dictamen será enviado a “los personeros de la empresa y también a los abogados de ellos para que tomen una decisión de qué procede por parte de ellos”, anunció Castillo.
Por su parte, representantes del Grupo Granjas Marinas propusieron que les cambiaran el régimen de exoneración manteniendo el pago de impuestos municipales.
Afirman que al no reconocerles la extensión de los beneficios fiscales a las fincas estarían afectando las operaciones
