TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 4 de mayo de 2016 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) con el objetivo de reducir el déficit y consolidar las finanzas públicas de Honduras.
Ese marco legal recibió el beneplácito de los organismos financieros internacionales por el compromiso asumido por el gobierno de mejorar sus
indicadores fiscales.
No obstante, los resultados de los últimos dos años han superado las metas anuales programadas bajo la LRF, de acuerdo con un reporte semestral elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
“Las reglas fiscales han sido cumplidas”, subrayó ayer la titular de Sefin, Rocío Tábora.
En los últimos años, la sostenibilidad de las finanzas públicas ha sido una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La LRF fue aprobada el 28 de abril de 2016 mediante decreto legislativo 25-2016 y su reglamento a través del acuerdo 288-2016 del 19 de julio
de 2016.
“Desde la aprobación de la LRF, se han cumplido con las tres reglas macrofiscales, destacando la buena gestión de la administración de las finanzas públicas”, subraya la Sefin.
Primer año
Fue en 2017 que se aprobaron las metas indicativas bajo la LRF. El techo anual para el déficit del balance global del sector público no financiero no sería mayor de -1.5% del PIB en 2017, equivalente a -6,133.3 millones de lempiras. El resultado al cierre del año pasado fue de -0.8% del
PIB (millones).
La tasa de crecimiento anual del gasto corriente de la administración central era de 8.1% y al cierre se alcanzó 7.8%.
Los nuevos atrasos de pagos del gobierno mayores a 45 días no podían superar de -0.5% del PIB, cerrando en -0.2%.
Segundo año
Para 2018 los resultados fueron mejores respecto a 2017. El techo del déficit global del sector público no financiero fue de -1.2% del PIB y al cierre del año el resultado fue de -0.9%.
El análisis del FMI fue que “a pesar del déficit más alto de lo esperado registrado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el sector público no financiero (SPNF) presentó un déficit del 0.9% del PIB, en línea con la meta establecida en la LRF”.
El incremento anual del gasto corriente nominal de la administración central era de 7.5% y al final del año pasado el resultado fue de -0.2%.
Los nuevos atrasos de pago no podían superar el 0.5% del PIB y al cierre llegó a 0.4%.
