Poder Ejecutivo
4 de Mayo de 2013

Lobo prohíbe contrataciones y despidos de empleados públicos

03:57PM  -  Redaccion  

Ordena restitución de trabajadores cesanteados sin su autorización del 14 de enero a la fecha

El Poder Ejecutivo volvió ayer a prohibir a los secretarios de Estado la contratación y despido de empleados públicos sin la autorización exclusiva del presidente Porfirio Lobo.

La advertencia fue realizada a través de un comunicado leído por el nuevo secretario privado de la Presidencia, Pompeyo Bonilla, que establece que a partir de la fecha se suspende toda tramitación de pago de salario de personal que se haya nombrado, contratado o transferido a partir del 14 de enero de 2013, en adelante, sin la autorización del Presidente.

La medida es en cumplimiento al acuerdo Ejecutivo 03-2013 del 11 de enero de 2013 y vigente a partir del 14 de enero, el cual establece que todo nombramiento, destitución, contratación o renovación de contrato de empleados públicos, deben tener el visto bueno de la Presidencia de la República.

El llamado fue realizado ante el incumplimiento de la medida en las diferentes instituciones de gobierno en donde a diario se despiden empleados y se contratan activistas, en medio de las dificultades económicas que enfrenta la administración pública.

Asimismo, ordena la restitución inmediata en sus cargos de todos aquellos empleados cancelados, transferidos, removidos o destituidos desde el 14 de enero a la fecha, sin la autorización de la Presidencia o de la comisión nombrada en enero pasado para revisar los despidos y contrataciones de empleados.

“Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior aquellos casos que hubieren sido instruidos y ordenados por mandato judicial y aquellas derivados de la aplicación estricta de leyes de colegios profesionales y Estatuto del Docente producto o derivado de la revocación de licencia”, señala el documento.

Lobo Sosa instruyó a la Dirección General de Servicio Civil y a la Secretaría de Finanzas para que dentro de sus competencias, a su vez, suspendan tramitaciones de pago o de administración de recursos humanos vinculados a las distintas secretarías de Estado y que no fueron autorizados por el titular del Poder Ejecutivo.

El gobernante aseguró, además, que quedan derogados “total y absolutamente y sin valor ni efecto legal, todos los acuerdos Ejecutivos de delegación que el suscrito haya emitido hasta la fecha y relacionado a la administración del recurso humano”.

Actualmente en el gobierno se desempeñan alrededor de 210 mil empleados públicos a nivel nacional que absorben alrededor de 2,400 millones de lempiras mensuales solo en la administración central, es decir, sin incluir a los empleados de los entes desconcentrados.

La excesiva masa salarial impide destinar recursos para ejecución de obras y financiación de programas sociales.

Pese a la cantidad de burócratas que existen, la ineficiencia del gobierno es tal que el propio gobernante les ha dado el calificativo de “maldita burocracia”.

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