Informe de Naciones Unidas
18 de Febrero de 2013

Honduras es escenario de guerra entre carteles

03:03PM  -  Redaccion  

En la lucha contra la violencia y el narcotráfico los gobiernos “necesitan desarrollar capacidades para afirmar su control sobre la totalidad de sus territorios y consolidar la democracia”.

Para abordar el tema de la violencia y la criminalidad, los gobiernos nacionales necesitan desarrollar capacidades para afirmar su control sobre la totalidad de sus territorios y consolidar la democracia a través de la justicia, establece el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta evaluación de las amenazas de la delincuencia organizada, transnacional en Centroamérica y el Caribe establece que el tráfico de drogas ha exacerbado el conflicto entre los grupos de traficantes, los cuales continuarán usando la violencia para controlar sus áreas de influencia hasta que sean desalojados, independientemente del curso del tráfico de cocaína. El cambio a largo plazo requerirá mejoras en la gobernanza en dichas regiones desatendidas, para que no emerjan estas autoridades sustitutas.

En Guatemala y Honduras hay una clara conexión entre las áreas de tráfico en disputa y las tasas de homicidios. Algunas de las áreas más violentas del mundo se encuentran a lo largo de la costa hondureña y en ambos lados de la frontera entre Guatemala y Honduras. Los grupos involucrados en estos sectores se han dedicado desde hace mucho tiempo a una serie de actividades criminales, que van desde la extorsión hasta la trata de seres humanos.

Actualmente el tráfico de cocaína es la actividad más lucrativa de la delincuencia organizada en Centroamérica, pero está lejos de ser la única. Tanto los grupos territoriales como las maras se aprovechan de los migrantes que se trasladan hacia el norte, quienes pueden ser muy vulnerables.

Hoy en día, la competencia tiene lugar entre las tradicionales familias de la delincuencia organizada, que de hecho gobiernan las áreas remotas de los países en los que operan. Además del tráfico de cocaína, estos grupos están implicados en un amplio rango de actividades de delincuencia organizada y en la manipulación de políticos locales.

De acuerdo con el informe regional, en particular los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas, alcanzando hoy en día las más altas tasas de homicidio del mundo.

Asimismo, la amenaza de la violencia por el tráfico de armas de fuego también está socavando la gobernanza en los países de la región. Si el mayor problema de Centroamérica es la violencia, y el 77% de todos los homicidios de la región son cometidos con arma de fuego, entonces detener el flujo de armas hacia los criminales debe ser una cuestión de máxima prioridad.

Por ejemplo, las pistolas más populares en Guatemala y Honduras son las pistolas 9 mm (milímetros), las cuales están prohibidas para el uso civil en México. Las armas compradas legalmente en un país pueden ser transportadas ilegalmente a otro por una ganancia. Este tipo de desequilibrio regulatorio a través de las fronteras crea oportunidades para la delincuencia organizada.

La policía local siente aprehensión porque están desarmados, porque los delincuentes organizados tienen acceso a armas militares residuos de las guerras civiles y porque ha habido algunos actos de violencia dramáticos que respaldan este temor. Este presunto desequilibrio de poder es utilizado para justificar la militarización de las funciones policiales.

Por consiguiente, no cabe duda de que estos problemas transnacionales constituyen desafíos capitales para los países de la región y para la comunidad internacional en su conjunto. Las redes criminales y sus actividades amenazan la estabilidad, socavan las instituciones democráticas y perjudican la actividad económica tan importante para el área. En el documento se proyecta que en la medida que el crimen organizado y el tráfico de drogas sea atacado, los países deben tener en cuenta el riesgo de que la violencia se agrave en un corto plazo.

Recomendaciones

Los gobiernos deben establecer verdaderas políticas de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, pues si se disminuyen los flujos de cocaína, estos grupos buscarán ingresos en otras formas de delito del que se obtiene una ganancia material, como el secuestro, la extorsión, el robo, el tráfico de ilegales, el tráfico de armas y la trata de personas, lo que puede causar mucha más violencia que el tráfico de drogas.

Los programas destinados a fortalecer capacidades entre los encargados locales de aplicación de la ley no producirán los rápidos resultados esperados debido a la existencia de una corrupción generalizada. El uso temporal de las fuerzas armadas para algunas tareas de aplicación de la ley no debe retrasar el desarrollo y la reforma de la Policía, incluyendo el fomento de la supervisión civil.

Además, la comunidad internacional debe hacer lo que pueda para complementar la capacidad de la justicia penal local. Para llegar a mejorar la situación se deben explorar estrategias intersectoriales para la prevención del delito. La delincuencia afecta a todos los aspectos de la vida, y por lo tanto, se debe desarrollar un plan multiagencial de prevención del delito, incluyendo la participación del sector privado, establece el informe.

El tráfico ilícito de cocaína ha contribuido indudablemente a la violencia, pero la inestabilidad está arraigada en instituciones frágiles y en la presencia de actores no estatales. El Informe pone de relieve que los gobiernos necesitan construir sistemas de justicia penal efectivos, humanos y eficientes.

Sobre todo, se debe entender plenamente la relación entre el desarrollo, la aplicación de la ley y la seguridad. Las drogas y el crimen también son un problema de desarrollo y la estabilidad se puede promover mediante el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia, plantean los consultores de la UNODC.

El objetivo a largo plazo consiste en eliminar, a través del fortalecimiento y desarrollo del Estado, las oportunidades de estos grupos para prosperar, permitiendo gobernar a las autoridades elegidas democráticamente. Sin embargo, lograr esta meta depende del establecimiento de orden a corto plazo, lo que requerirá medidas que reduzcan la capacidad y los incentivos de los actores criminales para enfrentar y subvertir al Estado.

Existen esencialmente dos maneras para hacerlo. Una consiste en desmantelar los grupos de delincuencia organizada por medio de los organismos de aplicación de la ley, incluyendo la asistencia internacional.

En segundo lugar se plantea encontrar medios alternativos para incapacitar a los grupos de delincuencia organizada.

Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos contra el crimen en la región se han centrado en un enfoque cada vez más militarizado y represivo de la labor policial. Este enfoque conlleva el riesgo de dañar aún más la gobernanza a través de la erosión de los derechos civiles, y hasta ahora ha demostrado gran inefectividad debido a otras debilidades en el sistema de justicia penal.

Una investigación deficiente, falta de capacidad procesal y corrupción judicial se han traducido en tasas de condenas extremadamente bajas, que garantizan de hecho la impunidad. Abordar los flujos transnacionales requiere cooperación a nivel internacional, así como la completa implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es fundamental, se recomienda en el documento.

Debilitamiento de la institucionalidad estatal

Mientras en el ámbito internacional se recomienda el fortalecimiento de las instituciones operadoras de justicia como una de las mejores armas para luchar contra la criminalidad y el narcotráfico, en Honduras los sectores sociales cuestionan el debilitamiento de estas entidades, así como diversas amenazas a la democracia.

En diciembre del año pasado, el Congreso Nacional, dirigido por Juan Orlando Hernández, destituyó ilegalmente a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Iglesia Católica ha venido cuestionando las amenazas a estas instituciones. Recientemente, los obispos de la Conferencia Episcopal hicieron un llamado a los políticos en el poder a respetar la institucionalidad y a no “obsesionarse en querer reelegirse y prolongar inconstitucionalmente sus mandatos”.

“En Honduras necesitamos urgentemente un clima de reconciliación que nos ayude a superar divisiones y enfrentamientos que nos debilitan frente a nuestros verdaderos enemigos: la corrupción, la injusticia, la mentira, el abuso de poder, la inequidad, la impunidad, la incomprensión, la marginación, el empobrecimiento y todo lo que podríamos vencer si viviéramos unidos y reconciliados”, expusieron los religiosos.

Ver más noticias de Al Frente

( )
Edición Impresa      2014-10-24 00:27:48

Cárcel de por vida a quien atente contra altos funcionarios

ver la edición en pdf