Edmundo Orellana
15 de Diciembre de 2012

Estamos ante inminente dictadura dirigida por presidente del Congreso

02:21PM  -  Redaccion  

El exfiscal general considera que el presidente del Congreso se convertirá en la reencarnación de Tiburcio Carías Andino. German Leitzelar advierte sobre el proyecto político del titular del Congreso Nacional, de quien temen busque “estructurar una dictadura constitucional”.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, se convertirá en un dictador y para ello ya ha puesto en marcha su proyecto político con el que generó la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, al menos esa es la opinión del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado.

“Yo creo que estamos ante una inminente dictadura que va a ser dirigida por el actual presidente del Congreso Nacional”, acusó el exfiscal general.

Y a renglón seguido subrayó: “Yo lo que veo (es) que el próximo que va a tomar posesión para el próximo período presidencial va a ser una reencarnación del general Tiburcio Carías Andino”.

Carías gobernó Honduras de 1932 a 1949 y es considerado el mayor dictador que ha tenido al país por la prolongación de su mandato de forma irregular, crudas políticas de represión a sus opositores y limitar la libertad de prensa, entre otras.

A Carías, un nacionalista, se le achaca instaurar un gobierno que asesinó a rivales políticos, muchos de estos de tendencia izquierdista.

Política

El profesional de derecho remarcó que algunos diputados aseguraron que el zarpazo aplicado por el Legislativo contra la CJS se hizo porque se consideró que los magistrados destituidos afectarían la candidatura presidencial de Hernández con algunas resoluciones.

“La agenda está clara, ya lo han dicho algunos diputados (que) los defenestramos porque están afectando la candidatura de Juan Orlando Hernández, lo dijeron públicamente”.

Cuatros de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron separados de sus cargos la madrugada del miércoles pasado por el Congreso Nacional bajo el argumento que habían incurrido en graves faltas administrativas.

A los separados se les achacó, según un improvisado informe, que declararon inconstitucional el decreto 89-2012 que le dio poderes especiales al director de la Policía Nacional para depurar la institución cuando ya no estaba vigente esa norma y fuera del plazo para emitir un fallo.

Igualmente, de acuerdo con el documento, los magistrados estaban conspirando en contra del proceso de depuración policial en general.

Críticos de la separación de los togados señalan que la destitución se motivó en realidad para evitar que estos resolvieran a favor un recurso de amparo presentado por el exprecandidato presidencial nacionalista, Ricardo Álvarez, contra la declaratoria de los resultados de las elecciones primarias del 18 de noviembre que ganó el presidente del Poder Legislativo.

Los destituidos fueron Rosalinda Cruz Sequeira, Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma y Francisco Ruiz Gaekel y en sus lugares se nombraron a German Vicente García, Elmer Lizardo, Silvia Santos y Víctor Lozano.

Una constituyente

Según Orellana, el presidente del Congreso no estaría tan de acuerdo con convocar a una asamblea nacional constituyente porque esa atentaría contra sus aspiraciones políticas.

Si la confrontación entre los poderes y el abuso de las autoridades continúa, el país quedará convertido en “despojos”.

“Aquí no hay que andar con medias tintas, esto es lo que está pasando y debemos decirlo porque si no lo decimos hoy y si no generamos esta inquietud y esta discusión y de repente la necesidad de revertir este proceso de degradación no tendremos país”, remarcó.

Orellana piensa que Juan Orlando Hernández va a “apachurrar” (derrotar ampliamente) a sus contendientes en las elecciones generales de noviembre de 2013 porque cuenta con los mecanismos de poder para ese objetivo.

Reforma

El diputado pinuista y analista jurídico, German Leitzelar, coincidió con la apreciación de Edmundo Orellana acerca de que el titular del Legislativo tiene en marcha un proyecto político para ser Presidente y mantenerse en el poder más allá del período presidencial de cuatro años.

“Lo que se necesita para que suceda lo que don Edmundo Orellana dice es reformar el artículo que prohíbe la reelección y si usted logra estructurar eso adecuadamente, usted logra estructurar adecuadamente una dictadura constitucional”, consideró Leitzelar, quien votó en contra de la destitución de los magistrados.

Juan Orlando Hernández tiene una meta política para convertirse en mandatario del país y trata de quitar todas las trabas que se le presenten para lograrlo, “eso es evidente”, insistió Leitzelar.

“Cuando tenemos un animal que grazna como pato, tiene patas de pato, y tiene plumas de pato, entonces es pato”, expresó el parlamentario para ilustrar que la conducta de Hernández contra la Corte Suprema de Justicia evidencia su ambición de ser Presidente.

Destitución ilegal

Para justificar la destitución de los magistrados, el Congreso invocó el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República que le da la facultad de improbar las acciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia.

Según la Constitución de la República, un magistrado puede ser sustituido por renuncia, muerte, incapacidad o impedimento legal y los diputados “golpistas” aplicaron a los juzgadores separados esta última causal por emitir un fallo fuera del plazo legal.

Pero el exfiscal Orellana explicó que ese criterio es ilegal y arbitrario porque la incapacidad legal se presenta cuando una persona es inhabilitada para ejercer cargos por recibir auto de prisión por un delito grave o sentencia firme.

“Cualquier interpretación accesoria es una arbitrariedad y no solo un atentado en contra de la independencia judicial, sino que también contra el estado de derecho”, consideró Orellana.

La incapacidad para ejercer como magistrado es cuando el funcionario tiene alguna complicación de salud para desarrollarse con capacidad en su puesto, explicó.

Los magistrados separados sí cometieron un error al emitir un fallo sobre una ley caducada, ya que una de las condiciones para dar una sentencia es que sea sobre una ley vigente, dijo Orellana.

Extradición

El presidente del Congreso también acusó a los exmagistrados de la Sala Constitucional de querer hacer que el Legislativo cayera en una trampa al enviar un anteproyecto para regular la extradición que establecía que un juez y no la Corte en pleno resolviera las solicitudes de extradición.

Pero el señalamiento fue desmentido, ya que la entidad que remitió la iniciativa fue la Sala Penal y no le quitaba el Pleno de la Corte la facultad para emitir una resolución sobre las peticiones de extradiciones, si no que creaba una primera instancia para dirimir un caso de estos y luego el caso podría pasar al pleno.

El jurista Jesús Martínez explicó que un anteproyecto no puede considerarse una trampa porque el mismo no es vinculante.

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