“Impuesto de guerra”
Domingo 15 de julio de 2012

Extorsiones lapidan 10,800 Mipymes en la capital hondureña

07:30 pm  - Redacción 

Más de 100 mil ciudadanos se quedaron sin empleo por el cierre desmedido de pequeños y medianos negocios. Los inversores denuncian que entregan a delincuentes hasta el 30% de sus utilidades.

Tegucigalpa,

Honduras

La inseguridad es el principal detonante de una alarmante mortalidad de las micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en la capital de Honduras.

El mal llamado “impuesto de guerra”, que cobran delincuentes y pandilleros, dejó de ser un tema que se trataba en las zonas marginales para expandirse a al menos 200 barrios y colonias de la ciudad.

Hasta en sectores de alta plusvalía como Tres Caminos, residencial Plaza, Tepeyac, Las Minitas y otros, tanto pobladores como comerciantes, pagan a los malvivientes por un poco de paz.

Los tentáculos de la red de extorsión mantienen de rodillas a los emprendedores de la ciudad, al punto que más del 30 por ciento de ellos han cerrado sus negocios por temor.

El horror que le tienen a sus victimarios es tanto que ni siquiera se atreven a dar la cara para dar sus desgarradores testimonios.

El equipo de EL HERALDO realizó entrevistas vía teléfono con varios microempresarios afiliados a las organizaciones públicas y privadas que les brindan asistencia para darles la voz que la delincuencia les robó.

En un cuarto cerrado con doble llave y en medio del hermetismo de un teléfono inalámbrico se atrevieron a hablar.

“Aló, ¿usted es el periodista que está haciendo el trabajo? ¿está seguro que no dará nombres de nada que permita identificarme?, mire que me matan... y no confiamos ni en la policía”, eran los preámbulos de cada entrevistado antes de hablar.

Este es un trabajo anónimo, donde con la protección de seudónimos se busca brindar seguridad a los informantes y hacer un llamado a las autoridades para acabar con este flagelo.

Dura realidad  

En las diferentes organizaciones que aglutinan a los microempresarios de la capital se registraban a principios de este año unas 36,000

Mipymes, cifra que a la fecha ha bajado en un 30 por ciento, dejando a flote solo 25,200 de los nuevos negocios, por la inseguridad jurídica y las constantes amenazas a las que son sometidos los emprendedores por delincuentes.

Y este decrecimiento genera un aumento en el desempleo y el comercio informal.

Cada uno de los pequeños negocios que cerraron sus puertas empleaban a no menos de cuatro a seis personas.

Por lo cual un promedio de 100,800 capitalinos se quedaron sin una fuente de ingresos para sostener a su familia.

En su mayoría son las pequeñas empresas productivas las que fueron liquidadas por las inseguridad.

Talleres de costura, empresas de embasados, fábricas de mosaicos, zapaterías, imprentas, tortillerías y floristerías son algunos de los rubros que están agonizando.

Y un sector que representa el 95 por ciento de las empresas a nivel nacional y genera más del 90 por ciento de los empleos merece, a juicio de sus promotores, una mejor suerte.

“Ya en los estados financieros incluimos el pago del impuesto de guerra”, afirman impotentes los empresarios.
Ellos aseguran que la depuración de la policía solo retirando a los uniformados corruptos promueve la ola delictiva del crimen organizado.

“Solo con darlos de baja no solucionan el problema, deben investigarlos y si tienen delitos punibles que paguen su condena, sino dejan en la calle a delincuentes con conocimientos de operación policial”, manifestó un microempresario.

Las Mipymes tienen un crecimiento vegetativo; la falta de acceso al financiamiento, los pobres incentivos y sobre todo la inseguridad impiden su desarrollo competitivo para ampliar sus horizontes al exterior.

Cultura de denuncia

Ante este desolador panorama, el subcomisionado Elvis Harold Bonilla Andara, titular de la jefatura Metropolita, asegura que se hacen esfuerzos para acabar con este flagelo.

“Necesitamos que la ciudadanía denuncie estos hechos para poder actuar de una manera más contundente este delito”, aseguró.

Según Bonilla Andara, los ciudadanos pueden denunciar la extorsión vía teléfono, sin necesidad de dar sus datos personales, y puso a disposición su número celular 9760-2051.

“Llevamos cinco personas detenidas durante este mes de administración y en ninguno de los casos se ha revelado la identidad de los denunciantes”, recalcó. Por eso incitó a la población a interponer sus demandas.

Nicaragua, el nuevo horizonte de los inversores

Algunos medianos y pequeños empresarios de la capital están emigrando al hermano país de Nicaragua para escapar de los tropiezos e invertir.

“Las grandes empresas trasladan parte de su operación a Nicaragua, que ofrece ventajas como seguridad, los costos de producción son más baratos, sobre todo en relación al salario, y el gobierno ofrece cierta protección e incentivos”, reveló un representante de las microfinancieras a nivel centroamericano.

El salario mínimo hondureño es un 40 por ciento más alto que el nicaragüense.

Y muchos de los pequeños inversores aseguran que es más rentable llevar sus productos a vender en esta nación.

“Yo viajo cada semana a dejar mis productos a Nicaragua, allá los coloco a un mejor precio y evitó problemas de la delincuencia en Honduras” manifestó un productor de zapatos.

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