Tegucigalpa, Honduras
“Decidme cuál es el sistema penitenciario de tu país, que yo voy a decirte cuál es tu justicia”, dijo hace más de un siglo Concepción Arenales, activista social española.
Si esta dama hubiese visto la población penitenciaría con enfermedades mentales, los privados de libertad con afecciones en etapa terminal y los longevos presos que tiene actualmente Honduras, seguramente habría elevado su voz pidiendo al Estado no solamente liberar a los reos más desquiciados, a los que están por morir por un padecimiento, a los ancianos que ya no pueden valerse por sí mismos, sino que exigiría que sean tratados en un centro especializado para controlar sus patologías psiquiátricas, seniles, o para que tengan una muerte digna.
Honduras, igual que muchos países de la región, no tiene ninguna cárcel con las condiciones para atender a estos presos, por lo que los directores penitenciarios, viendo la vulnerabilidad, optan por aislarlos de los demás internos.
Solo en el hogar 17 del módulo de Procesados 1, de la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, hay aproximadamente unos 70 reclusos con problemas mentales, varios de ellos con psicosis, otros con esquizofrenia, que según el médico y abogado Obdulio Rodezno son males irreversibles.
Con ellos se trabaja en la autoestima, valores, actividades motivacionales porque son personas con problemas especiales, sostuvo Elsa María Hérnandez, trabajadora social de la prisión.
Ella los considera como personas no agresivas. “Yo tengo 16 años de trabajar acá y nunca he sufrido una agresión de ellos. Si uno no daña a un enfermo mental, él jamás lo va a agredir”, meditó.
Así viven
El hogar de los enfermos mentales es el sitio más triste de la gigantesca cárcel; estas personas castigadas por la ley, la sociedad y a veces por su propia familia lentamente fueron perdiendo su fuerza de voluntad, su sistema de valores humanos, llegando a alcanzar una vida sin lógica y cordura.
Por eso no es raro verlos riendo constantemente de las vivencias que experimentan en su propio mundo, otros lucen cabizbajos sin que les interese lo que ocurre a su alrededor, también están aquellos que van y vienen sin rumbo, pero los más afectados permanecen tirados en el piso, durmiendo como si nunca más quisieran despertar. Pero aún en este ambiente sombrío todavía quedan algunos que buscan hacer algo para que las rejas no les arrebaten el poco juicio que les queda.
Dignidad
Si el castigo social para el que comete delito tiene la rigurosidad de la ley, en ella no se establece que el reo cuya vida no le alcance para cubrir su pena debe morir indignamente.
Aparte de aquellos presos con trastornos mentales que ya perdieron contacto con la realidad, en la Penitenciaría Nacional también hay al menos cinco personas con enfermedades en período terminal -tres en etapa crítica- que merecen ir a morir decentemente donde un familiar, de acuerdo con Rodezno.
Según él, Honduras posee una ley de excarcelación de los pacientes en etapa terminal, pero esta se aplica muy poco y cuando se ha ejecutado ha tenido dedicatoria.
Actualmente, el Estado hondureño trabaja en la excarcelación de unos 1,940 presos, quienes volverían a la libertad gracias a los beneficios estipulados en la ley.
De esta cantidad, según datos de la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución, alrededor de 131 internos con enfermedades mentales podrían recibir el beneficio de la liberación, también podrían ser beneficiados varios enfermos en etapa terminal, pero la cantidad no se establece todavía.
Candidatos
Según los registros de la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución, el proyecto de liberación abarca a todas las cárceles del país. De la sección judicial de Francisco Morazán se contempla un total de 58 candidatos, de la Sección Judicial de Comayagua 11, del Juzgado de Ejecución de la Esperanza 2, de la Sección Judicial de Ejecución de Danlí 1, de la Sección Judicial de Ejecución de San Pedro Sula 25, del Juzgado de Ejecución de El Progreso 9, de la Sección Judicial de Ejecución de La Ceiba 6, de la Sección Judicial de Ejecución de Santa Rosa de Copán 6, del Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara 2, del Juzgado de Ejecución de Gracias, Lempira, 6, de la Sección Judicial de Ejecución de Trujillo 5. En total hacen 131.
Interés
El plan para liberar a estos internos está muy avanzado. La coordinadora Nacional de los juzgados de ejecución, Rosa Irene Gudiel, explicó que para llevar adelante este proyecto la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario firmaron un convenio, luego el gobierno aprobó la cantidad de cuatro millones para contratar personal que se encargará de realizar las evaluaciones a cada candidato a beneficios.
Con estos recursos ya se contrataron unos 21 psicólogos, 22 trabajadores sociales y varios profesionales del derecho para poder realizar un trabajo en los diferentes centros penales a nivel nacional. El personal contratado, la Defensa Pública y los Juzgados de Ejecución trabajan en conjunto para que esta gente pueda salir en el tiempo que le corresponde.
“Nosotros como jueces de ejecución y el programa de auditoría penitenciaria elaboramos un informe solicitado por el ministro del Interior, Rigoberto Chan Castillo, sobre la cantidad de personas que tienen derecho al beneficio de la libertad condicional, cumplimiento de pena, conmuta por trabajo comunitario, por dinero en efectivo, preliberación y enfermos y personas de la tercera edad, y aquellas personas que se encuentran en fase terminal”, explicó Gudiel.
Ella sostuvo que en un principio se habló de 2,500, privados de libertad, pero como varios fueron saliendo, ahora el informe “que tenemos es de 1,940 personas que podrían ser beneficiadas”.
“En lo que es la tercera edad y los enfermos mentales se llegó a un acuerdo en la reunión, que nosotros los jueces de ejecución siempre tenemos que excarcelar en base a un examen de Medicina Forense, que tendrá que evaluar a estas personas para ver si se les puede conceder algún beneficio y el trabajo se está realizando”, dijo Gudiel.
Anteriormente se había hablado de una ley de excarcelamiento por razones humanitarias, la cual no fue aprobada porque la Corte Suprema de Justicia planteó que ya había una Ley de Indulto y una Ley de excarcelamiento por enfermedades en fase terminal, sin embargo, esta ley de indulto se enfrenta con el obstáculo de que la Secretaría del Interior todavía no ha aprobado el reglamento.
Por su parte, Odalis Nájera, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), dice que “la excarcelación de unos 1,940 privados de libertad es una medida que de alguna manera va a ayudar a descongestionar algunos centros penales; en segundo lugar es una acción humanista porque es gente que ya teniendo los requisitos para lograr un beneficio de preliberación no lo ha gozado porque el Estado no está en capacidad de poder brindar esas atenciones”.
El Conaprevev, que participa en este proyecto como veedor, siempre ha señalado algunas actividades a corto, mediano y largo plazo que podría realizar el Estado para lograr el descongestionamiento de las cárceles. Esta medida de liberación, siguiendo lo establecido en la ley, no debe ser una práctica eventual, sino sostenible, precisó Nájera.
