Tegucigalpa. El Congreso Nacional (CN), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) manifestaron, durante el gobierno pasado, su apoyo a la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.
En el segundo informe del avance de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), elaborado en diciembre de 2013 por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se dejó constancia de la anuencia de estas entidades para crear esa instancia.
“Existe nota de CSJ, MP y CN en la que externan anuencia como contrapartes para avanzar en el marco de un proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito”, dice el informe respecto al estado de ejecución de la recomendación de crear una comisión antiimpunidad.
Inicio de pláticas
El expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) envió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una nota en 2011 en la que le solicitó ayuda a fin de instaurar la comisión, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El organismo mundial envió una misión exploratoria para diagnosticar la factibilidad de instalar el estamento jurídico externo.
También llegó al país una misión exploratoria de la CICIG con los mismos fines.
El gobierno de Lobo Sosa recibió de la ONU un dictamen en el que se estableció que una comisión contra la impunidad menos grande que la CICIG era viable.
El presupuesto para crear esta comisión era de unos 2 millones de dólares, unos 44 millones de lempiras al cambio actual.
Esta comisión se encargaría, por medio de una secretaría técnica, de crear un nuevo esquema de lucha contra el crimen organizado y la impunidad.
De igual manera se fortalecería la capacidad de investigación del Ministerio Público y se brindaría asistencia especial al Poder Judicial.
Pero, pese a que operadores de justicia habrían expresado su conformidad con la comisión, el Poder Ejecutivo engavetó el proyecto.
El asesor presidencial, Ebal Díaz, aseguró que un ente de ese tipo representaría un derroche. Según Díaz, la CICIG ha erogado 150 millones de dólares en Guatemala y solo ha resuelto cuatro casos en los nueve años que tiene de funcionar.
No es inmediato
No obstante, Francisco Dall’Anese, expresidente de la CICIG, dijo que ese ente ha resuelto muchos casos más y que uno de los mayores aportes que ha dado ha sido el fortalecimientos institucional de los operadores de justicia.
En la página web de la CICIG se indica que se han solucionado 15 casos de alto impacto. Los resultados de una comisión contra la impunidad no son inmediatos, indicó Dall’Anese, pues se necesita un año para crear su logística y preparar sus cuerpos de investigación.
Es durante el segundo año que los casos investigados por la CICIG “comenzaron a reventar”, explicó el también exfiscal general de Costa Rica.
