Tegucigalpa, Honduras
La desaparición de la Dirección General de Transporte, las cesantías para los empleados de esta dependencia y la creación de una nueva estructura administrativa, cuyas autoridades serán nombradas mediante concurso público, son, entre otras, las sacudidas que dará al rubro la nueva Ley propuesta por el Poder Ejecutivo de Honduras.
Las disposiciones están contenidas en la Ley de Transporte Terrestre y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), que ha sido turnada al Congreso Nacional de Honduras para su aprobación en las próximas semanas.
La Ley instruye a la Secretaría de Finanzas para que identifique los recursos necesarios dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para pagar las prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los empleados de la Dirección General de Transporte.
Esta Dirección fue a lo largo de los años un nido de corrupción y agencia de empleo de los gobiernos de turno, donde se traficó con permisos de explotación del rubro y se benefició a unos cuantos magnates del transporte.
El contenido
La nueva normativa consta de 107 artículos. Sustituirá a la Ley de Transporte Público Terrestre, que data del 17 de febrero de 1976, hace más de treinta y nueve años, cuando las condiciones de transporte público en Honduras respondían a otra realidad, por lo tanto está desfasada.
La propuesta, introducida al Congreso Nacional de Honduras esta semana, es el producto de un diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Comisión de Transporte del Legislativo con el sector empresarial del rubro, que discutieron tres anteproyectos para fundirlos en uno solo.
Lo más destacado
La Ley establece como principio rector la atención y el servicio al usuario del transporte público, por lo que todas las acciones del Estado así como los concesionarios del mismo deben coadyuvar esfuerzos para prestar un servicio de calidad y eficiencia;
Se propone la creación de una nueva institución rectora del transporte público, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, con independencia financiera y administrativa, contrario a lo que hay en este momento, una Dirección de Trasporte sin el poder necesario para rectorar un rubro de tanta importancia para Honduras.
Se definen mecanismos transparentes de licitación de las nuevas concesiones, así como mecanismos ágiles de respuesta a los requerimientos de los administrados en materia de transporte.
Se establece la seguridad de los usuarios del transporte público, así como de los operadores de las unidades de transporte, un asunto de prioridad e interés nacional, para lo cual se crea un sistema de seguridad en el cual se definen mecanismos claros como los circuitos de cámaras, botones de pánico, sistemas de monitoreo de la unidades, así como la designación por parte del Ministerio Público de fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el sistema de transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.
La nueva Ley define con claridad el tratamiento del transporte de carga con el propósito de lograr mayor eficiencia, competitividad, pero también mayor seguridad en las carreteras de Honduras.
Lo esencial
La Ley de Transporte Terrestre y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, según sus proyectistas, viene a reordenar el sistema de transporte público de pasajeros, a combatir la ilegalidad, a dar transparencia en el otorgamiento de concesiones y permisos de operación.
El otorgamiento de los permisos de explotación de los corredores estará sujeto a reglas más estrictas y a los resultados que arrojen los estudios sobre la demanda del servicio en los distintos corredores, población de usuarios y modalidades.
La Ley también impone severas sanciones a los inversionistas y operadores del rubro que infrinjan las disposiciones establecidas, las cuales abarcan desde uno y dos salarios mínimos en su techo más alto, así como el decomiso de los automotores en caso de reincidencia.
En cuanto a la nueva estructura, la Ley desarrolla las siguientes disposiciones:
El Instituto
Con esta nueva Ley se crea el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con autonomía administrativa y presupuestaria, conocerá todo lo relacionado al transporte terrestre, que para efectos de esta Ley se le denomina El Instituto.
El Instituto tiene la competencia exclusiva en materia de transporte terrestre, la aplicación y observancia de la correspondiente Ley y sus reglamentos.
Forma de gobierno
El INTT será dirigido por un Directorio integrado por tres especialistas y conformado de la siguiente manera: un director presidente, un director financiero y un rector administrativo.
Los integrantes del Directorio son seleccionados por el Presidente de la República de una lista de seis candidatos mediante el mecanismo de concurso en la forma que lo establezca el reglamento de la Ley.
Para ser director se deben reunir los siguientes requisitos: a) Ser hondureño por nacimiento; b) Poseer título universitario; c) Acreditar experiencia y conocimientos en cualquiera de las siguientes áreas: Transporte terrestre, administrativa, financiera o derecho y con una experiencia mínima de cinco (5) años; d) No poseer vínculos con la empresa de transporte que provoquen algún tipo de conflicto de interés como miembro del Directorio; y, e) Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y ser de reconocida honorabilidad.
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre tendrá un Consejo Directivo conformado por once consejeros, seis representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la República y cinco del sector transporte, nombrados por los concesionarios.
El presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional, diputado Edgardo Martínez, se comprometió a tener listo el dictamen dentro de dos semanas, tomando en cuenta que este proyecto es el producto de una socialización previa con todos los sectores.
