Agilizar pagos a empresas tenía un millonario costo.
Autoridades del Ministerio Público (MP) aseguran haber logrado documentar pagos de sobornos a tres exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recientemente acusados en los tribunales de justicia.
Se acusó a dos exdirectivos del IHSS, Carlos Montes Rodríguez, exviceministrio de Trabajo; y a Javier Pastor Vásquez, exviceministro de Salud; asimismo, al exdirector de dicho centro asistencial, Mario Zelaya, por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.
En la acusación presentada ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional los ahora acusados exigieron a una empresa privada el pago de “beneficios” (coimas) por la agilización en la tramitación de pagos a los representantes de dicha compañía por los contratos que en su momento suscribieron con el Seguro Social, a razón de la adquisición de bienes o prestación de servicios.
“Se identificó que alrededor de 150,000 dólares (el equivalente a 3.1 millones de lempiras) fueron trasladados al pecunio del señor Carlos Montes, más de 235,000 (dólares, cerca de 4.9 millones de lempiras) al pecunio del señor Javier Rodolfo Pastor. En esa misma línea, en esa misma acusación, está nuevamente acusado el señor Mario Zelaya, que recibió más de un millón de dólares (al rededor de 21 millones de lempiras) en ese mismo concepto”, informó Roberto Ramírez Aldana, jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del MP.
En total el soborno ascendería a 1,385,000 mil dólares, que se traducen en alrededor de 29 millones de lempiras, al cambio local de la moneda.
Aseguró que esos recursos fueron y están plenamente identificados a través de evidencias que el MP tiene en su poder, que fueron solicitados a personas que tenían negocios lícitos con el Seguro Social.
Las pruebas las presentarán los fiscales en la audiencia del viernes.
“Dentro de las líneas de investigación se encontraron transferencias, toda la investigación financiera y patrimonial que conlleva a la investigación del caso del Seguro Social, algunos depósitos de alto valor que llegaron a las cuentas de ambos imputados”, indicó. También se utilizaron mecanismos como lo establece la Ley de Lavado de Activos para ocultar tanto el origen como el destino de esos recursos. “Ese es un mecanismo típico, es un modus operandi de las personas que de alguna manera están involucradas en esta actividad”, explicó Ramírez Aldana.
Según el MP, los imputados formaron parte del Comité de Inversiones del IHSS, instancia en la cual se tomaba la decisión de priorizar pagos, condición que, supuestamente fue aprovechada por los procesados para obtener ventajas económicas ilegales, las cuales una vez obtenidas eran ocultadas para disimular su procedencia ilícita y darle apariencia de legalidad una vez incorporadas al sistema financiero a través de cheques y transferencias que les fueron librados y enviadas a nombres de terceras personas.
Asimismo, integraron el Comité de Seguimiento en cumplimiento al contrato.
Ya fueron requeridos quienes efectuaron los supuestos sobornos, quienes ofrecieron información relevante. No excluye que también sean acusados.
Descartó que otros exdirectivos del IHSS estén vinculados al lavado de activos y cohecho, en este caso específico.
Sobre Jorge Herrera, cuyo nombrre aparece consignado en el requerimiento, lo identificó como una persona que está vinculada a una de las empresas que desarrolló algunos negocios con el Seguro Social.
El fiscal prefirió mantener en reserva otros detalles del requerimiento fiscal, para no entorpecer otras diligencias que aún se siguen sobre este caso.
Sí afirmó que la acción penal cuenta con un porcentaje muy alto de probabilidad y certeza que el tribunal comprenderá la tesis acusatoria del MP.
“No vamos a hacer irresponsables de llevar a juicio a una persona que no aparezca realmente vinculada a un hecho que es penalmente relevante”, dijo.
Organizado
La línea de investigación sobre lavado de activos es amplia, el caso se dividió en sublíneas de investigación en los cuales están involucradas 320 personas.
“En el Seguro Social no había una estructura organizada para cometer actos de corrupción, había por lo menos tres estructuras diferentes e independientes entre sí que se dedicaban, con tres cabezas diferentes, a desarrollar todo lo que hoy se conoce”, expuso.
Sobre las acusaciones interpuestas y capturas ejecutadas dijo que “debe servir como un precedente, un cambio de conducta, de actitud, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde este lugar, pero cada hondureño debe hacer cosas diferentes, la paz solo se consigue a través de la justicia”, dijo.
Algunos critican que el MP no acusa a otras personas y que tendría fines políticos.
“No vamos a permitir, desde el MP, que se instrumentalice el ejercicio de la acción penal”, refutó.
Presentación
En torno a este caso, ayer se presentó voluntariamente al Juzgado con Jurisdicción Nacional, el viceministro de Salud, Javier Pastor.
El Juzgado le dictó la medida de detención judicial, a cumplir en el Primer Batallón de Infantería. A las 10:00 am, la abogada Ritza Antúnez presentó a su cliente de manera voluntaria ante el juez nacional.
A las 11:00 AM, el exfuncionario salió del despacho y fue llevado por agentes policiales al sótano para que los militares procedieran a su traslado al batallón.
En la audiencia de declaración de imputados la jueza hizo una lectura de derechos a favor de la persona imputada, luego le hizo una consulta sobre si deseaba o no declarar; en este caso es un derecho constitucional, procesal. Montes y Pastor prefirieron no declarar.
Posteriormente, la jueza les impuso la medida cautelar de detención judicial, a cumplir en el Primer Batallón de Infantería.
El viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, se celebrará la audiencia inicial para ambos, en la cual se presentarán las pruebas y la jueza resolverá si les dicta el auto de formal procesamiento, con prisión preventiva, o un sobreseimiento.
¿Y los 5,000 millones?
El MP no encuentra en el Seguro Social en qué se gastaron 5,000 millones de lempiras.
“Solo en compra de bienes y servicios, sin respaldo, se contrataron más de 5,000 millones de lempiras; es decir, sin ningún dictamen técnico o con dictámenes técnicos amañados o contratando al margen de la ley, sin licitaciones ni cotizaciones”, informó el director de Fiscalías, Rolando Argueta.
“Imagínese, son más de 5,000 millones de lempiras solo en compra de bienes y servicios sin ningún respaldo, eso quizás solo sea una parte de la defraudación financiera que se hizo a la tesorería del Seguro Social”, agregó.
Al final quien resultó afectado es la población, los derechohabientes que a diario acuden en búsqueda de salud, pero no son atendidos, no encuentran medicinas, médicos camillas, ambulancias, farmacias ni ningún otro servicio.
Esta es otra línea de investigación que agotará el MP, para encontrar a los responsables.
En torno a la última acusación interpuesta contra dos exdirectivos y exdirector dijo que se cuentan con pruebas contundentes.
“Contamos con todo el elenco probatorio que nos ha proporcionado la investigación de largos meses, de manera tal que nos permite afirmar que concurre tanto el delito de lavado de activos como el delito del cohecho pasivo impropio”, afirmó.
No descartó que el MP amplíe la acusación por el delito de testaferrato, contra quien se prestó para hacer la oculta transacción. Igualmente, contra quien habría efectuado el pago de los sobornos.
