Las protestas y los paros de labores por falta de pago en la administración pública se repiten. En el último trimestre de 2012, los reclamos de los burócratas, alcaldes, instituciones públicas, proveedores de bienes y servicios se intensificaron porque el gobierno central y las oficinas descentralizadas no cumplieron en tiempo y forma con la cancelación de los compromisos financieros contemplados en el presupuesto de ingresos y egresos.
La historia esta vez es la misma: los médicos, enfermeras, jubilados, pensionados y contratistas han vuelto a reclamar porque el gobierno de Porfirio Lobo Sosa les adeuda salarios atrasados, bonificaciones, ajustes salariales, suministros de bienes y servicios.
Casa de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo han sido los escenarios en donde los servidores públicos han llegado a protestar porque no se les cancela sus servicios profesionales prestados en las instituciones públicas.
Los paros de labores y las protestas en las instituciones públicas se han acrecentado en las últimas semanas. En los primeros nueve meses del año, los reclamos no se registraron porque el gobierno contaba con la disponibilidad de recursos procedentes del bono soberano, los que ya se agotaron.
Otros sectores no protestan ni reclaman, por ejemplo los generadores privados de energía, pero sí exigen que les paguen el suministro de electricidad generada con búnker, diésel, viento, agua, carbón mineral y bagazo de caña, ya que en muchas ocasiones, principalmente los térmicos, se han visto obligados a posponer las compras de combustibles por la falta de recursos para importar derivados del petróleo.
Los problemas de pagos de 2012 comenzaron a solventarse a principios de este año cuando las autoridades de la Secretaría de Finanzas y del Banco Central de Honduras colocaron 500 millones de dólares del bono soberano en el mercado de Estados Unidos e Inglaterra, equivalente a 10,000 millones de lempiras, los que fueron destinados para honrar los compromisos financieros.
El gobierno tiene pendiente la colocación del segundo tramo del bono soberano por la suma de 250 millones de dólares, el que de concretarse le inyectaría 5,000 millones de lempiras a la administración pública para cubrir los atrasos de pago, excepto la deuda con los generadores privados de energía, la que será cubierta con la emisión de 215 millones de dólares colocados en tres instituciones bancarias nacionales.
Deudas
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin), al cierre del período fiscal anterior el saldo de la deuda flotante era de 10,409.7 millones de lempiras. De los 10,000 millones de lempiras procedentes del bono soberano y que fueron depositados en un fideicomiso en el
Banco Central, el gobierno destinó 2,674 millones para cancelar capital e intereses por concepto del servicio de la deuda pública y 951 millones para apoyo presupuestario, de los que 768 millones se usaron para transferencias a municipalidades y entes descentralizados.
Solo en deuda flotante durante el primer semestre de 2013 se cancelaron 2,009 millones de lempiras, distribuidos entre proveedores de las diferentes instituciones del gobierno -908 millones-, droguerías y farmacéuticas -479 millones-, constructoras -172 millones-, municipalidades y entes desconcentrados -450 millones-.
Las cuentas por pagar al primer semestre de 2013 ascendieron a 2,628.8 millones de lempiras, de los que 74% son deudas menores a 45 días, el 7% entre 45 a 60 días, el 17% de 60 a 90 días y el restante 2% de las deudas superiores a 90 días.
Sin embargo, cifras proporcionadas por la Secretaría de Finanzas revelan que los atrasos de pago reportados al jueves anterior ascendieron a 5,900 millones de lempiras, que comprenden salarios, compra de bienes y servicios, transferencias, entre otros compromisos con servidores públicos y proveedores.
Pagos
EL HERALDO buscó la reacción de las autoridades gubernamentales para conocer las causas de los atrasos de pagos, así como el estado de resultado de la cuenta financiera de la administración central.
Para Carlos Borjas Castejón, subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, el problema de las cuentas por pagar con proveedores, servidores públicos e instituciones está relacionado a una serie de factores, los que han sido expuestos a éstos para que conozcan la realidad del comportamiento de los flujos de caja de la Tesorería General de la República (TGR).
Explica que una de esas variables son los ingresos tributarios, y en la medida que se ejecutan se pueden cumplir con los compromisos de pago, o sea con los gastos, que es el segundo factor relacionado de manera directa con la primera. Subraya que “en la medida que se van ejecutando los ingresos tributarios, así se va ejecutando el gasto, si no hay efectivo en la TGR no podemos hacer compromisos de pago”.
El funcionario dice que el gobierno atraviesa una situación de insolvencia temporal por el desfase en las recaudaciones de impuestos, el que se estima que a septiembre del presente año rozó los 2,000 millones de lempiras, lo que ha impactado en la capacidad de pago de la administración pública.
Sostiene que la situación de iliquidez se ha agravado por el atraso en la colocación del segundo tramo del bono soberano, el que se tenía programado concretarlo en los meses de julio y agosto, sin embargo, la operación se ha aplazado por las elevadas tasas de interés en el mercado internacional.
Se espera que este mes se tome una decisión sobre si se colocan o no los 250 millones de dólares. El desfase en las recaudaciones y la tardanza en colocar el bono soberano ha significado para el gobierno dejar de percibir 7,500 millones de lempiras.
El funcionario dice que hay una escala de prioridades para cumplir con los pagos atrasados, identificándose cinco categorías: sueldos y salarios, compra de medicamentos, el proceso electoral, el servicio de la deuda pública y proveedores.
Con base en esas disposiciones, continúa el entrevistado, se realizarán los pagos a los diferentes sectores, tanto del ámbito público como privado, y en ese sentido se han logrado arreglos con algunas organizaciones y proveedores.
Carlos Borjas Castejón, quien es el funcionario responsable del monitoreo de la ejecución presupuestaria de la administración pública de Honduras, dice que ante la caída de los ingresos tributarios se han visto obligados a recortar el rubro de gastos como publicidad, papelería, viáticos, combustibles, pasajes, entre otros, lo que ha permitido un ahorro de 1,500 millones de lempiras en el transcurso del año.
Alcaldías no registran atrasos en transferencias
Las 298 corporaciones municipales de Honduras no registran atrasos en el pago de las transferencias.
Danilo Cervantes, subdirector ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), dijo que el gobierno está al día con los pagos a las alcaldías y aquellas que reportan atrasos son porque no han entregado las liquidaciones e informes requeridos para hacer efectivo los desembolsos.
La Amhon y las alcaldías adscritas fue una de las organizaciones que encabezó fuertes protestas a finales del año pasado, llegando al extremo de realizar plantones frente a Casa Presidencial, logrando que el Poder Ejecutivo se comprometiera a cumplir con el pago de transferencias en el tiempo establecido por la ley.
Cervantes dijo que el Ministerio del Interior ha venido cumpliendo con la entrega de la información requerida a la Secretaría de Finanzas para que esta acredite los fondos a las cuentas de las corporaciones municipales.
Un reporte de Finanzas revela que al 8 de octubre de 2013 se pagaron 1,114.3 millones de lempiras en concepto de transferencias a las alcaldías. De ese monto, el 65% correspondió a transferencias -722.4 millones de lempiras- y 35% al sector social -392 millones de lempiras.
Parte de esa deuda atrasada a las alcaldías fue cancelada con los recursos procedentes de los 500 millones de dólares del bono soberano.
