La realidad de la libertad de prensa en todo el mundo y especialmente en América Latina no es nada halagüeña, a criterio de Catalina Botero, Relatora Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Botero participó en la conferencia internacional “Hablar sin riesgo”, que se clausuró el sábado anterior en esta ciudad en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
EL HERALDO, que dio cobertura exclusiva para Honduras a este evento, dialogó con Botero y ella confesó que “preocupa” el estado de la libertad de expresión y prensa en Honduras.
“Toda Latinoamérica está mal”, dijo Botero, al mismo tiempo que añadió que “es la que tiene mayores índices de violencia contra la prensa”, principalmente “proveniente del crimen organizado”.
En Centroamérica “hay problemas muy serios”, sobre todo “por el avance del crimen organizado en la región”.
Comentó que “la CIDH ha aumentado el número de mesas cautelares a periodistas” debido a la amenaza latente. Botero no ofreció cifras exactas por no tenerlas a mano.
Aseguró que se ha triplicado el número de muertes de prosistas a nivel mundial en los últimos doce años. Según la UNESCO, anfitriona de este evento, más de 600 periodistas han sido asesinados en los últimos diez años. Afirma además que cada semana le quitan la vida a un comunicador en el mundo.
Preocupación por Honduras
Sobre Honduras mencionó que “nos parece preocupante y nos parece muy importante que el gobierno esté pensando en implementar un plan de protección para periodistas”.
Botero mencionó que la ministra de Derechos Humanos de Honduras, Ana Pineda, ya conoció la experiencia de este tipo de proyectos en Colombia.
Comentó además que sostuvo una reunión con ella y “al parecer el gobierno de Honduras tiene un interés genuino e importante en implementar un plan de protección”.
Se comprometió a “acompañar” este programa para brindar a los periodistas “la protección que necesitan”, pero sobre todo para que “sea eficaz” y “bien diseñado”.
En Honduras han sido asesinados 34 comunicadores sociales desde 2003 y solo uno de los casos ha sido judicializado.
Según las estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en la presente administración de Porfirio Lobo Sosa son alrededor de 27 los comunicadores sociales que han muerto violentamente.
Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, analizó que “el 97 por ciento de los asesinatos contra los periodistas quedan impunes en nuestro país”.
Mairena expuso esta terrible y lamentable situación de impunidad en este foro celebrado en Costa Rica, donde también cuestionó el nivel de desidia del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Por su lado, Pineda, la ministra hondureña de Derechos Humanos, confirmó a EL HERALDO que ya existe esa propuesta de ley para proteger a los periodistas y lo que falta es que “la Secretaría de Finanzas encuentre la partida presupuestaria para darle vida a la ley”.
Sin embargo, enfatizó la ministra, no solo el gobierno es responsable de garantizar la seguridad de los periodistas. A su juicio la sociedad en general y las empresas, los medios de comunicación también deben hacer su aporte en el tema.
CIDH, ONU y “ley mordaza”
En Honduras también está latente el peligro de la aprobación de una nueva Ley Marco de Telecomunicaciones, la que afectaría la libertad de expresión y censuraría los contenidos que divulgan los medios.
EL HERALDO le planteó el tema a la relatora de la CIDH y dijo que “hemos recibido distintas versiones”, por lo que analizan el caso.
Botero confió que “hace dos días recibí la última versión”, razón por la que prefirió “no emitir juicio en base a informes anteriores”.
El Poder Ejecutivo envió una propuesta al Congreso Nacional para pulsar una nueva Ley Marco. La cámara legislativa designó una comisión especial para desarrollar un programa de socialización (para muchos fracasado) del que surgió una nueva propuesta.
En su primer informe, la comisión propuso que en vez de una ley se crearán cuatro: Ley de Telecomunicaciones, Ley de Libertad de Prensa, Ley Antimonopolio y Ley de Contratación del Estado y Alianzas Público Privadas.
La propia ministra de Derechos Humanos dejó entrever que el Congreso Nacional estaría legislando más allá de lo que se le pidió. Anunció hacer una análisis de lo que propuso esta comisión.
Por la lado Frank la Rue, Relator Especial de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, que visitó el país recientemente (a petición del gobierno) para hacer recomendaciones sobre esta ley, reiteró que “el gobierno no debe interferir ni censurar contenidos”.
“Yo no me inclino por las limitaciones, ni a la regulación de contenidos” a la libertad de prensa, salvo “cuando hay incitación al terrorismo, al genocidio, pornografía infantil”, pero este no es el caso de Honduras, apuntó. Reiteró además que sí hay un órgano regulador no debe ser del gobierno, sino independiente.
Consultado sobre las cuatro leyes propuestas por la comisión del Congreso, dijo que “debe haber una regulación de frecuencias y creo que otra de protección de la niñez, pero en contenidos yo diría que no tratarán de meterse”.
Dijo que la propuesta para publicar el listado de los principales anunciantes de los medios de comunicación “viola el principio de privacidad”. “Entrar a instituciones privadas sería solo si están manejando fondos públicos”, enfatizó.
Honduras fue expuesto en este foro internacional por el incremento a las violaciones de los derechos fundamentales de la libertad de expresión por el asesinato de periodistas, sin embargo para la relatora de la CIDH “hay que ser optimistas”.
Sigue rechazo a las ‘leyes mordaza”
Al parecer ya nadie quiere saber sobre el combo de las cuatro “leyes mordaza” que en la última semana se han fraguado en el Congreso Nacional.
Al menos eso es lo que se deduce del abandono que la semana pasada hicieron a las mesas de trabajo sectores tan torales como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Prensa Hondureña (APH) y el padre de la iniciativa, el C-Libre.
Este último se retiró el viernes al considerar que lo existente en el Congreso Nacional no es ni parecido al proyecto original planteado a Lobo Sosa.
Además, cuestionan que no se involucró a todos los sectores relacionados o que se verían afectados con la reforma. Los impulsores de estas iniciativas, viciadas de inconstitucionalidad, han sido el presidente Porfirio Lobo y los funcionarios Ana Pineda y César Ham.
El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio,
denunció que con la aprobación de la nueva Ley de
Telecomunicaciones, que es conocida como la “ley mordaza”, se violaban al menos 14 artículos constitucionales, tratados y convenciones. Este argumento hasta la fecha no ha podido ser refutado por el gobierno.
El relator de la ONU, Frank la Rue, expresó claramente que los contenidos no pueden regularse y advirtió que las únicas restricciones ya están contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
