El proyecto de reforma
a la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) copia flagrantes violaciones a la libertad de expresión y prensa contenidas en la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones aprobada en Ecuador.
Ambas propuestas establecen, entre otras cosas, una “democratización de frecuencias” en radio y televisión, mecanismos de censura previa y procesos arbitrarios de suspensiones de concesiones, según la revisión hecha a los documentos.
En el caso del proyecto de ley ecuatoriano, en su capítulo VI propone distribuir el espectro radioeléctrico en un 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados y 34 por ciento para medios comunitarios.
La propuesta de reforma a la norma de Conatel, en su artículo 9, es igual a la de Ecuador: 33 por ciento para los servicios comunitarios, 33 por ciento para servicios comerciales y 34 por ciento para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado.
Los dos proyectos establecen lapsos de 15 años como límite de duración de una concesión.
La intransferibilidad de las concesiones está consignada en la propuesta de Ecuador y de la misa forma en la iniciativa hondureña, según su artículo 29, al indicar que las concesiones “no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.
Igualmente, cuando se traspase una frecuencia, la concesión de la misma quedará revocada, dicen las dos proposiciones.
Los dos diseños de leyes prohíben, también, lo que denominan “concentración de frecuencias”.
En Ecuador se pretende que una persona solo tenga derecho a una frecuencia en AM y otra en FM.
El proyecto hondureño no dice qué cantidad se considera como acaparamiento de frecuencias.
La pretendida reforma de Honduras ordena que las frecuencias que no hayan sido utilizadas en la fecha de entrada en vigencia de las mismas el Estado procederá a su “recuperación”.
Censura
Tanto en el proyecto de Ecuador como en el de Honduras se crean organismos que tendrán injerencia en el contenido informativo.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación se llama la entidad reguladora de la propuesta ecuatoriana y Comisión Reguladora de Programación se llama a la dependencia moralizadora en el caso hondureño.
Ambas tienen la función de calificar cuando un medio de comunicación incumpla las rigurosas disposiciones, ya sea mediante multas o revocaciones de frecuencias.
El medio de comunicación que a juicio de la Comisión Reguladora promueva la apología al odio nacional, al odio racial, a la preferencia sexual o que constituyan incitaciones a la violencia incurrirá en una falta grave y si reincide se le podrá suspender la concesión, de acuerdo al proyecto de ley de Honduras.
Por su lado, la legislación que se busca aprobar en Ecuador ordenaría a un medio informativo abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito, menosprecio o humillación a los miembros de un colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase social, posición política”, entre otras.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, espera que luego de logra una amplia mayoría de diputados oficialistas en las pasadas elecciones legislativas, el Parlamento apruebe esta legislación.
