El presidente Porfirio Lobo oficializó la rotación de varios de sus funcionarios mientras diversos sectores aguardan cambios sustanciales en las estructuras de seguridad para frenar la ola de violencia y criminalidad.
El titular del Poder Ejecutivo anunció la designación del canciller Arturo Corrales como nuevo secretario de Seguridad, a partir del primero de mayo, en sustitución del actual ministro, Pompeyo Bonilla, quien sale de la institución en medio de una las peores crisis en materia de seguridad de toda la historia.
Lobo no tuvo más opción que remover de su cargo al ministro de Seguridad tras haber sido interpelado la semana anterior por el Congreso Nacional ante el fracaso de su gestión reflejado en el alarmante índice de homicidios que se estima en 85.5 por cada 100 mil habitantes.
Bonilla fue nombrado ministro de Seguridad el pasado 10 de septiembre de 2011 en sustitución del exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, separado del puesto también por los malos resultados obtenidos durante más de año y medio al frente de la institución.
Durante 19 meses y 5 días al frente de la Secretaría de Seguridad pesan sobre Pompeyo Bonilla aproximadamente 11,199 homicidios cometidos del 10 de septiembre de 2011 al 15 de abril del año en curso, según datos establecidos en informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Entre los crímenes pesan hechos de gran impacto como el asesinato en octubre de 2011 del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a manos de miembros de la Policía, que estando capturados se les autorizó darse a la fuga.
También recayó en sus hombros el caso del asesor de seguridad, Alfredo Landaverde, asesinado por sicarios en diciembre de 2011 y también el caso del periodista Ángel Alfredo Villatoro, secuestrado y posteriormente asesinado en mayo del año anterior.
Bonilla fue removido del cargo tras haber admitido públicamente que fracasó en la conducción del proceso de depuración de la Policía Nacional que demanda la sociedad hondureña ante la corrupción al interior de dicha institución.
La pésima gestión del ministro de Seguridad quedó en evidencia la semana anterior cuando autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), confirmaron una versión de EL HERALDO, sobre 230 resoluciones que involucran a igual número de policías que no aprobaron las pruebas de confianza.
Estas 230 resoluciones fueron remitidas a la Secretaría de Seguridad para que se formalizara la separación de los agentes, pero Bonilla solo destituyó a siete de los elementos policiales reprobados en las pruebas de confianza.
Por el contrario, la Secretaría de Seguridad autorizó ascensos de varios miembros de la Policía que habían reprobado las pruebas de polígrafo, toxicológica, psicométrica y socioeconómica.
Bonilla admitió que como ministro de Seguridad autorizó los ascensos e incluso se puso a disposición de las autoridades del Ministerio Público (MP), para responder por los ascensos autorizados.
Pese a los pocos resultados obtenidos al frente de la Secretaría de Seguridad el presidente Porfirio Lobo determinó premiar al funcionario designándolo como nuevo secretario privado de la Presidencia.
A partir del primero de mayo, Bonilla sustituirá a Reynaldo Sánchez en el Despacho Presidencial, luego de que este oficializara su salida del Poder Ejecutivo y su incorporación al Congreso Nacional como diputado electo en 2009 por el departamento de Olancho.
Sánchez anunció su salida para incorporarse, además, a la campaña proselitista de cara a las elecciones generales de noviembre próximo luego de haber resultado electo en los comicios internos celebrados en noviembre del año anterior.
Casa Presidencial no informó quién sustituirá al ministro de Relaciones Exteriores en mayo próximo, una vez que el actual titular asuma la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad.
Corrales abandona la Cancillería sin haber logrado reformar y transparentar el servicio exterior hondureño salpicado por actos bochornosos y casos de corrupción que no lograron ser desvanecidos en su totalidad.
Al igual que el secretario privado de la Presidencia, están obligados a renunciar el resto de funcionarios públicos que resultaron favorecidos para cargos de elección popular en las pasadas elecciones primarias.
Entre estos figuran el titular de Soptravi, Miguel Ángel Gámez, aspirante a diputado por Intibucá; el ministro de la Juventud, Marco Midense, aspirante a diputado por Atlántida, y el titular del Infop, David, Chávez, aspirante a diputado por Francisco Morazán.
También el ministro del FHIS, Edgardo Martínez, aspirante a diputado por Comayagua; la titular de ENAG, Martha García, candidata a diputada por Francisco Morazán, y el designado presidencial, Samuel Reyes, aspirante a diputado por Lempira.
