El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dijo que el objetivo del decreto enviado al Congreso Nacional (CN) relacionado a la eliminación de las exoneraciones es establecer si el incentivo otorgado vale el sacrificio que hace el pueblo hondureño.
Lobo habló sobre el decreto mediante el cual se pretende suspender las garantías que, entre otras leyes, otorga la Constitución de la República, el Código Tributario, tratados comerciales y la Ley de Emisión del Pensamiento, en sesión de Consejo de Ministros celebrada en Olancho.
“Se está pidiendo que se suspendan todas las exoneraciones que otorga el Estado de Honduras, todas sin excepción, y se está constituyendo un comité que está integrado por las iglesias, la sociedad civil, el gobierno central, está el Congreso y la Amhon (Asociación de Municipios de Honduras), ellos van a revisar las exoneraciones”, dijo.
Seguidamente señaló que se integrará un comité de 12 representantes “para que puedan ellos ver cada uno de los casos, qué es lo que esto significa, y si en realidad el objetivo de la exoneración que se deriva de un incentivo rinde el sacrificio que está haciendo el pueblo hondureño”.
Lobo reveló que en tres años de gobierno sus funcionarios han sido incapaces de darle una cifra precisa de cuánto representan las exoneraciones que otorga el Estado en el país.
“No sabemos realmente cuánto es, yo tengo tres años de gobierno y aún no puedo tener una cifra porque no estoy seguro que lo que me digan que es, entonces, lo que estamos haciendo venir y lo hacemos a la inversa, cancelemos todo y que empiecen a llegar a reclamar los que consideran su derecho y que la comisión determine”, explicó.
“Entonces como no sabemos cuánto es, mejor hagamos a la inversa... El objetivo es que la comisión pueda revisar y pueda decidir y se propone que la comisión en un tiempo que está señalando el decreto de 60 días pueda proponer una ley marco de exoneraciones de incentivos fiscales, una ley que regule”.
“Se propone que se dedique a infraestructura el 50 por ciento y el 50 por ciento al pago de la deuda interna, en ese 50 por ciento de infraestructura se propone que 25 por ciento sea para los alcaldes municipales sin afectar la transferencia, es adicional, y el otro 25 por ciento sería ejecutado por el gobierno central; la idea es que esto vaya a un fideicomiso para que no se nos enrede”.
“Esa es la propuesta que se mandó, esperamos que el Congreso pronto la apruebe, creo que anoche se introdujo a la cámara y está en dictamen”.
