La demora en aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que se plantearon para evitar la confrontación entre poderes del Estado ha motivado una nueva crisis política tras la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional por el Congreso Nacional.
Entre las 84 recomendaciones planteadas en julio de 2011 se estableció la creación de la figura del juicio político y un Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir conflictos entre los poderes.
El consultor de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR, Eduardo Stein, calificó la crisis provocada por la separación de los juristas como un nuevo “choque de trenes”, como el ocurrido entre los poderes del Estado por la separación del expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
“Precisamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación eran para que no se repitiera nuevamente el riesgo de ese choque de trenes y fortalecer la actividad democrática”, expresó Stein.
Con un juicio político y un Tribunal de Justicia Constitucional se puede encontrar un “curso administrativo” donde se resuelvan , en base a derecho, impasses de esta naturaleza “y no se produzcan golpes de fuerza, medidas o intromisiones de un poder con el otro”, consideró.
“Estamos en efecto ante otro choque de trenes, quizás cambió una locomotora, pero estamos en la misma vía, otra vez para enfrentarse, con consecuencias no solo terribles para el pueblo hondureño, sino para toda la región”, recalcó.
Stein dio una conferencia de prensa en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para dar a conocer el nivel de avance en el cumplimiento de las recomendaciones.
En la comparecencia estuvieron también la ministra de la SJDH, Ana Pineda; el coordinado de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones, Rolando Sierra; el representante del grupo de sociedad civil, Omar Rivera; y el delegado de la Alianza por la Paz y Justicia, Carlos Hernández.
Igualmente compareció el coordinador de Así Participa y asesor de la ASDJ, Leo Valladares Lanza.
Destitución
El Congreso Nacional destituyó la madrugada del miércoles pasado, con la votación de 91 diputados, a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional por haber declarado inconstitucional el decreto 89-2012 de la depuración de emergencia de la Policía Nacional, cuando este ya no estaba vigente.
Los magistrados separados son José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Plama y Antonio Gutiérrez Navas. Solo el magistrado Óscar Chincilla no fue removido.
Igualmente se calificó que estos togados estaban perjudicando la política de seguridad de Estado al fallar como ilegal la mencionada norma.
La Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones es una dependencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Hasta junio de 2012 se habían cumplido solo 13 de las 84 recomendaciones .
Las propuestas de la CVR fueron plasmadas en un informe sobre los hechos de la crisis política vivida en 2009 luego del derrocamiento de Zelaya por querer imponer una consulta para convocar a una Constituyente que había sido declarada ilegal por le Corte Suprema de Justicia.
Solución Parcial
El exvicepresidente de Guatemala alabó el inicio del diálogo convocado por el presidente Porfirio Lobo con los titulares del Legislativo, Juan Orlando Hernánez, y el Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, pero consideró que este contacto “no deja de ser un arreglo temporal”.
Es por ello que reiteró el llamado a retomar las recomendaciones de la CVR para que “los hechos no se repitan”.
“Planteamos que una nueva crisis se podría generar, pero nunca imaginamos que tan pronto”, manifestó.
Por su lado, el analista Leo Valladares consideró que el inicio de la solución a este crisis pasa por la restitución de los magistrados.
El representante de Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera, dijo que el gobierno, lejos de aplicar las recomendaciones de las CVR, ha puesto en práctica acciones que van en contra de las mismas.