Los cuatro magistrados de la Sala Constitucional destituidos por el Congreso Nacional (CN) pidieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviar una delegación a Honduras para constatar el “golpe técnico” propinado al Poder Judicial.
El pasado 12 de diciembre el CN aprobó la destitución de los magistrados Gustavo Bustillo Palma, José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
Muchos sectores, incluidos los cuatro afectados, argumentan que fue ilegal la destitución, ya que el CN no tiene esas facultades y que se les violentó el derecho de defensa, entre otras valoraciones.
Ante ello, los cuatro magistrados destituidos enviaron una carta a la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Grabriela Knaul, en la cual le piden atender “con urgencia” su caso y solicitar al gobierno de Honduras autorizar su visita al país para constatar su situación.
En la carta enviada por los cuatro magistrados depuestos, se indica que el 12/12/12, la cámara legislativa los destituyó por razones “políticas y no por razones jurídicas”, violentado así preceptos constitucionales y de las convenciones internacionales en derechos humanos suscritas por Honduras.
“Fuimos destituidos de nuestros cargos en flagrante violación a la Constitución de la República de Honduras, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las demás convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las cuales el Estado de Honduras es parte, violentándosenos el derecho a la legítima defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a todas las demás garantías constitucionales”, señala la misiva.
“Le estamos informando con carácter urgente de los hechos ligados a esta agresión injustificada y sin causa legítima alguna, por parte de otro poder del estado hondureño en franca violación a la independencia de los jueces”, agregan.
En este sentido, con carácter urgente “le pedimos que se pronuncie de inmediato en su cargo de la relatora de la ONU para la independencia de jueces ante esta gravísima violación”.
“Igualmente, le pedimos que solicite al gobierno de Honduras su visita al país a efecto de que se revierta esta injusta situación cuanto antes, situación que ha generado una grave crisis institucional en nuestro país”, sostienen en su nota los cuatro magistrados sacados abruptamente de sus puestos por el Congreso.
Los magistrados fueron destituidos por declarar inconstitucional el Decreto 89-2012, que contiene la Ley de Depuración Policial. Fueron destituidos sin aún existir sentencia firme sobre varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el mencionado decreto.
La destitución y juramentación de los sustitutos se dio de manera abrupta, en horas de la noche y madrugada, lo que generó sospechas de falta de transparencia.
