El fiscal general Luis Rubí instruyó solicitar a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ampliar la auditoría de los 100 millones de dólares donados al gobierno de Manuel Zelaya.
El pedido se formalizó en un oficio librado ayer por la Fiscalía contra la Corrupción.
El candidato presidencial del partido Primero Justicia, Henrique Capriles, señaló que el presidente Hugo Chávez regaló a la Casa Presidencial de Honduras 100 millones de dólares
(1,900 millones de lempiras) en la gestión de Manuel Zelaya Rosales.
La denuncia tuvo eco en Honduras, especialmente en los entes contralores y fiscalizadores del Estado.
En el TSC se informó que concluyeron una investigación al respecto en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), producto de la cual se elaboró el informe Nº. 11-2009-DAS, en el período comprendido del 1 de enero de 2008 al 31 de agosto de 2010. El mismo revela que en una sesión del consejo directivo de Copeco se abordó el tema de la donación de los 100 millones de dólares.
Se constató que dos millones se invirtieron en comprar frijoles, pero se desconoce qué se hicieron los 98 millones restantes. En vista que se encontraron indicios de responsabilidad penal, el TSC notificó el informe al Ministerio Público el 15 de febrero del 2010.
La Fiscalía contra la Corrupción ya investigaba la denuncia cuando recibió dicho informe, sin que a la fecha se conozcan resultados.
Escueto
Desde el año 2010, la investigación de la denuncia permaneció prácticamente paralizada en la Fiscalía contra la Corrupción.
Ahora que trasciende la denuncia de Capriles, las diligencias se reactivaron para encontrar responsables.
“La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, ha librado al Tribunal Superior de Cuentas una solicitud para la ampliación del informe que contiene el supuesto ingreso de estos 100 millones de dólares del gobierno de Venezuela hacia el país”, informó Marvin Cruz, portavoz del MP.
La razón de solicitar una ampliación es que en el informe que notificó el TSC solo se detalla en qué se invirtieron dos millones de dólares, pero no dice nada sobre qué pasó con los 98 millones restantes. “Todavía se necesita una ampliación del informe, sin menoscabo que la Fiscalía especial contra la Corrupción, a través de su departamento de Auditoría, también ha hecho algunas investigaciones a la espera del resultado de las mismas”, expresó. Esta es la segunda solicitud de ampliación del informe que formula la Fiscalía al TSC sobre esta denuncia.
La primera se hizo en el año 2010.Lo que se busca es encontrar mayor información, para permitir presentar un requerimiento fiscal con sustento; de encontrarse méritos.
Pedido al BCH
En relación al tema, la Fiscalía contra la Corrupción remitió un oficio al Banco Central de Honduras (BCH) para que informen si se depositaron los 100 millones de dólares en alguna cuenta.
Según la auditoría del TSC, los dos millones se depositaron en la cuenta No. 1110-220000078-7, de Copeco. Anteriormente, se pidió la misma información al BCH, pero no respondieron. Ahora, se requiere nuevamente para constatar si la suma millonaria ingresó o no a una cuenta de Copeco.
El TSC no tiene nada más que informar
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no ampliará el informe de auditoría practicada a Copeco, donde trascendió la donación de los 100 millones de dólares.
EL HERALDO le consultó a la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, qué respuesta le dará a la nueva solicitud del MP.
“La respuesta que voy a dar es la misma que di en el 2010, cuando se envió este informe al Ministerio Público y la Fiscalía dijo que el informe era muy escueto e iba a pedir nueva información. Yo le voy a contestar nuevamente lo mismo, ¿qué nueva y más información va a dar el Tribunal? El TSC no tiene más información”, respondió.
Argumentó que cuando el TSC llegó a Copeco, la Fiscalía Anticorrupción ya había decomisado todas las evidencias documentales originales.
Además, expuso que en este caso se trata de ilícitos penales que no los ve el TSC, solo las de tipo civil y administrativa.
Explicó que el ente contralor no cuenta con investigadores forenses, de los que sí dispone la Fiscalía. “Quien tiene que hacer la labor es la Fiscalía”, puntualizó.
