Con el compromiso de las autoridades, Honduras definió una ruta para reducir índices de violencia y combatir la impunidad en los crímenes contra periodistas.
El producto de lo que será este plan surgió del ciclo de conferencias “Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión”, que concluyó ayer en la capital y que fue organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación (AMC).
Dada la importancia de la temática, participaron panelistas internacionales como el presidente de la SIP, Milton Coleman; el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank de la Rue; expertos de Colombia, México y Perú.
El plan contiene valoraciones expuestas por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa; el fiscal adjunto, Roy Urtecho; comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; directores de medios de comunicación, académicos y conferencistas internacionales, entre otros.
Lo que pretenden la SIP y la AMC es encontrar las herramientas y trazar propuestas concretas para combatir la violencia contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, donde desde 2003 han sido asesinados 30 comunicadores.
Dicho plan contempla, además, la ejecución de acciones concretas en materia de protección, investigación y procesamiento de delitos contra la libertad de expresión.
La jornada, que se realizó en la capital los días 9 y 10 de agosto, contó con la asistencia de periodistas y representantes de distintos medios de comunicación, académicos, miembros de la sociedad civil, fiscales, empresarios, funcionarios y miembros del Ejército.
Compromisos
Existe un compromiso oficial del gobierno y del Congreso Nacional para poner en marcha el plan de acción.
El mismo recogió la propuesta de Lobo Sosa de despenalizar los delitos contra el honor, la difamación y calumnia, para que se diriman en la vía civil.
Asimismo, crear una fiscalía especial para conocer delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de su profesión.
Se plantea la creación de un juzgado especial para conocer acusaciones incoadas por violaciones a derechos humanos.
El fiscal adjunto Roy Urtecho planteó la reforma al artículo 116 del Código Penal para que las sanciones de homicidas de periodistas se incremente de 20 a 30 años.
La responsabilidad fue compartida en un panel en el que participaron funcionarios y diputados al Congreso Nacional.
Las responsabilidades ante la libertad de prensa y de protección de los periodistas corresponde a los tres niveles del gobierno. Por ello, el evento estuvo representado ayer por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; los diputados al CN: José Alfredo Saavedra y Jariet Waldina Paz, y Augusto Cruz Asencio.
Al panel fue invitado el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, quien no asistió por razones no informadas.
Ana Pineda valoró que el Estado asume su responsabilidad de velar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Según sus datos, desde el 2003 se cometieron 31 asesinatos, seis judicializados. De los casos, 29 son del sexo masculino y dos mujeres. El departamento de Francisco Morazán es el de mayor incidencia, con 10 casos.
Expuso que entre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se encuentra el capítulo de derechos humanos. Entre ellos se pide fortalecer la libertad de expresión, desarrollando códigos de ética y estableciendo mecanismos de autorregulación. Que los periodistas puedan por sí mismos tener mecanismos éticos, para un uso responsable de la libertad de expresión y para enfrentar la autocensura.
De los 564 hondureños con medidas cautelares, 99 son periodistas, de estos, 64 consensuaron con Seguridad las medidas, 23 no están consensuadas.
Entre las medidas están patrullajes y enlaces telefónicos, esta secretaría monitorea las medidas, que en muchos casos resultan inefectivas.
Otra acción ejecutada es la creación de la Dirección General de Mecanismo de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, fiscales y policías.
Anunció la creación de una ley para promover y proteger los derechos humanos, para ello se propone un plan nacional de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Informó que esta secretaría ya trabaja en la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injuria, vinculados a la función pública.
Quedaría únicamente el agravio en materia civil. Se iniciaron contactos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, para la creación de un juzgado especial en materia de violaciones a los derechos humanos.
“Es urgente la creación de juzgados especiales con jurisdicción exclusiva en materia de derechos humanos”, declaró Pineda.
Recomendó fortalecer la investigación para enjuiciar a los responsables de muerte de periodistas y grupos vulnerables que se encuentran en el universo de la impunidad.
La Secretaría de Seguridad debe implementar de manera efectiva las medidas provisionales, cautelares, de seguridad”, dijo la funcionaria. Propuso una reforma a la Ley de Emisión del Pensamiento acorde a estándares internacionales.
Respaldo
El propio presidente Lobo Sosa se comprometió a impulsar una política de Estado para garantizar el derecho de la libertad de expresión.Al respecto, Lobo ratificó el compromiso y respeto a la Declaración de Chapultepeq, que señala que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa”.
Para garantizar el ejercicio libre del periodismo en el país y respeto a la vida de los comunicadores anunció varias acciones.
El diputado Alfredo Saavedra garantizó que la bancada de su partido apoyará las medidas que se tengan que ejecutar para garantizar el respeto a la libertad de expresión.
Demandó superar la debilidad y que el Ministerio Público cuente con su propia unidad técnica de investigación.
La impunidad pasa por la falta de investigación, falta fortalecer la prevención, dijo.
Propuso la protección policial en cobertura de riesgos, calificar a periodistas como testigos protegidos cuando tengan conocimiento de hechos.
Por su lado, la diputada y periodista Waldina Paz condenó a aquellos que pretenden limitar la libertad de expresión.
Expuso un proyecto de ley que facilita el asilo a periodistas, medidas de protección y fortalecer la capacidad de investigación.
Fue enérgica en solicitar a Juan Orlando Hernández, de quien lamentó su ausencia en este importante evento, a aprobar leyes y reformas legales que permitan proteger a los periodistas amenazados y reducir los índices de impunidad de los crímenes cometidos.
Por su parte, el diputado Cruz Asencio lamentó que el manto de la impunidad siempre cubrió los atentados contra periodistas.
Justificó la lucha contra ataques a periodistas porque “es levantar la voz por más de ocho millones de hondureños que tienen el derecho de estar suficientemente bien informados, por eso levantamos nuestra voz, esa es la razón”.
Dijo que de manera evidente una reforma legal debe penalizar a funcionarios que pretenden manipular a medios de comunicación desde el Estado mismo, como el regular los medios estatales.
