Las cárceles de la Florida, California, Texas y Carolina del Norte, en Estados Unidos, se han convertido en los hogares de más de la mitad de los hondureños más peligrosos residiendo en ese país.
De acuerdo con el último informe que posee la embajada de Honduras en Washington, Estados Unidos, la cifra de compatriotas condenados a muerte ha llegado a seis, mientras que 32 cumplen cadena perpetua.
De esos 38 connacionales, hay 22 enjuiciados por diversos crímenes, o sea un 58 por ciento de ellos; estos guardan prisión en centros de Florida, California, Texas y Carolina del Norte.
Los restantes 16 se distribuyen en centros penales de los estados de Georgia, Tennessee, Louisiana, Texas, Virginia, Kentucky y Colorado.
EL HERALDO le consultó al embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Ramón Hernández Alcerro, cuántos hondureños guardan prisión en ese país por delitos comunes y respondió que “es bien difícil saber cuántos hay... nos hemos concentrado en los casos más graves, como los condenados a muerte o sentenciados a cadena perpetua”.
Para el 2007, la Dirección de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estimó que habían cerca de 900 hondureños presos en Estados Unidos por la comisión de delitos comunes.
Hay que recordar que en esta nación se concentra la mayor comunidad de hondureños en el exterior, con cerca de un millón de compatriotas.
Los condenados a muerte
De acuerdo con las informaciones que ofreció la embajada de Honduras en Washington a EL HERALDO, la mayoría de los hondureños condenados a muerte han cometido delitos como: homicidios, asesinatos, felonía, robo, secuestro y tentativa de muerte grave.
Hasta el mes de junio de 2012 habían seis condenados a muerte. Entre ellos Seburt Nelson Connor, preso en el Estado de la Florida. A este connacional la Corte Estadounidense lo condenó por el delito de doble homicidio en primer grado, secuestro y asalto.
Este caso, según comentó el embajador Hernández Alcerro está pendiente de una respuesta de un recurso de apelación interpuesta a favor de este compatriota.
La intención, explicó, es intentar, a toda costa, que se ejecute a este compatriota y que en el peor de los casos cumpla una condena de por vida y no la capital.
Como este catracho hay otros casos que también se encuentran en apelación, en los que la embajada de Honduras en Washington está ofreciendo colaboración.
Por ejemplo, el caso de Clemente Javier Aguilar Jarquín, recluido en el Estado de la Florida, donde fue condenado
a pena de muerte por 2 asesinatos en primer grado.
Además de eso, también recibió el castigo de cadena perpetua, por la comisión del delito de robo. Este caso también está en apelación.
Otro que se encuentra en la Florida es Manuel de Jesús Andrade Rosales, donde fue acusado por el delito de homicidio en primer grado y tentativa de muerte con lesiones graves. Cabe mencionar que este hondureño está a la espera del juicio final, pero la Fiscalía está solicitando pena de muerte.
Denys Humberto Zelaya Corea, también conocido como Carlos Manuel Ayestas está preso en Texas, donde lo sentenciaron a la pena capital por
los delitos de: Asesinato, felonía y robo. Este caso también está en apelación, con lo que se busca disminuir la pena a cadena perpetua.
Este connacional guarda prisión en el mismo centro penal donde fue ejecutado el último hondureño en Estados Unidos: Heriberto Chi Aceituno, es decir en el penal de Huntsville.
Mario Enrique Morales Montes, alias Johnny Morales, fue condenado a muerte en el estado de California por el delito de asesinato. También está en apelación.
Y el último de este listado de condenados a muerte es Edgardo Sánchez Fuentes, acusado de asesinato y robo. En apelación. A ninguno de estos hondureños condenados a muerte se le ha fijado fecha para ser ejecutado.
El último catracho ejecutado
La historia registra el 7 de agosto de 2008 como la última ocasión que un hondureño fue ejecutado en Estados Unidos.
Ese día fue fijado por la corte de Texas para aplicar la pena de muerte al hondureño Heriberto Chi Aceituno, tras seis años en prisión por encontrarlo responsable de asalto y de darle muerte a su expatrón, Armand Paliotta, dueño de una tienda de ropa.
Chi Aceituno cumplía condena desde marzo de 2001 por el asesinato de Armand Paliotta en Arlington, Texas.
Hay que mencionar que la ejecución de Chi Aceituno fue aplazada, porque inicialmente estaba prevista para el 2 de octubre de 2007.
En ese entonces se debatía en la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la inyección letal, ya que organizaciones de derechos humanos alegaban que la inyección letal causaba mucho dolor a los ejecutados.
El gobierno de Honduras pidió clemencia por Chi Aceituno, para que le perdonaran la vida, pero Estados Unidos no respondió a esa petición.
En fechas posteriores a la ejecución de Chi Aceituno, la Cancillería también manejaba información en torno a que habían otros catrachos que correrían igual suerte en Estados Unidos, pero que no figuran en la lista que maneja la embajada de Honduras en Washington.
Estos hondureños son: Guillermo Castro
y Rafael Edgardo Cubas.
Sobre este último hondureño, Radio Futura, medio local de Texas, señaló el pasado 19 de junio, que “sus abogados (de Cubas) perdieron el proceso de apelación que llevaban en una corte federal en Houston...” lo que allana su camino hacia el pabellón de la muerte.
Cubas, de 33 años, fue condenado en el 2002 por haber violado y apuñalado a la estudiante de secundaria Esmeralda Alvarado
Lobo intervino en 2011
El año pasado, Honduras, a través del presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el marco de la visita oficial que realizó Washington DC, donde se reunió con el fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, abogó para que no se aplique la pena capital a los hondureños y que, en su defecto, se les permita vivir y que paguen una condena perpetua.
El Presidente le planteó al fiscal general, Eric Holder, que el castigo de cegarle la vida a los hondureños podría tener repercusiones, sobre todo, en aquellos casos donde la defensa alega el irrespeto al derecho que tienen según el Acuerdo de Viena relativo a Asuntos Consulares.
Ese pacto obliga a cualquier autoridad de todo país (que ha firmado y ratificado esa Convención) a notificar a la autoridad consular más cercana del extranjero que ha sido detenido por la comisión de un supuesto delito.
De hecho, según las informaciones proporcionadas por la embajada de Honduras en Washington, ese es uno de los alegatos más poderosos en el proceso de apelación que tienen actualmente en al menos dos casos de hondureños condenados a muerte.
Hasta el momento, el único registro oficial de que a un hondureño condenado a muerte en Estados Unidos se le haya conmutado la pena de muerte por una cadena perpetua, fue el año anterior, cuando a dos connacionales se les conmutó la pena, por la intervención del presidente Lobo Sosa.
En Estados Unidos hay 34 estados que conservan la pena capital.
Piden mayor apoyo para condenados
La encargada del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Valdette Willeman, llamó a la Cancillería a poner mayor atención a varios casos de compatriotas que podrían recibir la pena capital.
Willeman expuso el ejemplo del hondureño Javier Aguirre, de 32 años, que fue condenado a la pena de muerte, en Orlando, Florida, acusado por la muerte de dos norteamericanos.
Este hondureño tenía cerca de seis años de residir en ese país de forma indocumentada y ahora está siendo defendido por cuatro abogados, de los cuales dos son norteamericanas, una peruana y una mexicana.
“Yo estuve presente en una audiencia de este hondureño ante la Corte, pero no pude conversar con él... y él lamentó la situación de los migrantes de cómo son humillados en Estados Unidos, máxime una persona indocumentada”, manifestó Willeman.
Para Willeman es importante que el gobierno hondureño confirme que se hayan respetado los derechos de todos estos connacionales y, sobre todo, que no se les haya violentado derechos establecidos en pactos internacionales.
