Honduras

Corrupción generalizada en la Policía de Honduras plasman colombianos en su informe

Advierten sobre las falencias y falta de reglas claras en los procesos de investigación. Observan indiferencia en el servicio, bajos estándares de eficacia y falta de capacitación a subalternos.

07.04.2014

Las deficiencias y la podredumbre que impera en la Policía Nacional de Honduras ya constan en un informe especial elaborado por el gobierno de Colombia.

La asesoría, brindada al gobierno hondureño y sus entes de justicia, forma parte de los esfuerzos que hace la comunidad internacional en el proceso de depuración de la Policía hondureña.

El informe destaca, como causas endógenas de la crisis policial, la corrupción generalizada, indiferencia en la prestación del servicio policial, irracionalidad en la atención de casos, bajos estándares de eficacia, estandarización de procedimientos (los mismos procedimientos para todos los delitos) y la carencia de medios técnicos y tecnológicos.

Además, destaca la falta de capacitación al personal subalterno, carencia de compromiso e identidad con la institución policial, ausencia de liderazgo y deficiencias en la relación Comunidad-Policía.

Además, pone al descubierto una fractura entre el nivel directivo y subalterno, inadecuado manejo de comunicaciones estratégicas, falencias en la ejecución de procesos de incorporación (nuevos policías), entre otros.

+Congreso aprobó la ley para depurar la Policía Nacional de Honduras

Crímenes de impacto

Los crímenes de connotación nacional constan en el informe elaborado por los colombianos.

Para el caso, se destacan los homicidios de Alfredo Landaverde, analista policial y hombre cercano a los medios de comunicación; el homicidio de la periodista Luz Marina Paz Villalobos y su conductor, y el atentado contra la diputada Marcia Facussé, quien tiene vínculos empresariales con medios de comunicación.

Además, se destacan atentados contra instalaciones de periódicos y los homicidios de Mahadeoi Sadloo Saloo (Emmo) y del general Julián Arístides González.

Asimismo, la policía colombiana identifica como causas exógenas o externas, la transnacionalización del delito, el crimen organizado y su infiltración en estructuras policiales, los altos índices delictivos, la intolerancia social, desorden social, bajos salarios, entre otros.

DNIC aplazada

En cuanto a la investigación criminal, los asesores colombianos analizaron los roles de la Dirección de Investigación Criminal y Ministerio Público. Respecto a la DNIC, advierten que hay falta de coordinación y desconfianza con el Ministerio Público.

Se carece de laboratorios móviles, tienen expedientes que deberían estar en manos del Ministerio Público, hay desorganización en gestión documental, falta estandarización en los procedimientos, hay poca capacidad técnica y tecnológica frente a los avances de la criminalidad.

MP en deuda

En cuanto al Ministerio Público, enfatizan en el direccionamiento de la investigación criminal, advierten la inexistencia de un manual único de policía judicial, hay pérdida de credibilidad hacia investigadores de la DNIC, por lo que las investigaciones se asumen con analistas del MP.

Asimismo, se detectó duplicidad en las investigaciones (MP-DNIC), dificultad para investigar a policías, falta de recursos y deficiencias en la protección a víctimas y testigos.

Frente a las investigaciones, los expertos colombianos mencionan los avances que puedan existir a la fecha en torno al asesinato de Alfredo Landaverde.

Advierten dificultades para conformar equipos de investigadores, deficiencias en el proceso investigativo, particularmente en el denominado 'toma de diligencias'.

Asimismo, resaltan que los investigadores toman informaciones o hipótesis que no son verificadas y 'se dan como ciertas subjetivamente'.

De igual manera, cuestionan la falta de seguimiento en las investigaciones, la verificación de informaciones frente a la participación de policías, falta de objetividad de investigadores y Ministerio Público y advierten que no hay reglas claras frente al proceso de investigación criminal.

Para mejorar estos procesos de investigación, los colombianos sugieren interceptar llamadas celulares, conformar equipos especiales de investigación, ofrecer recompensas, profundizar en las labores de campo, darle continuidad a las investigaciones, empadronar todas las armas de la Policía Nacional, empoderamiento de los fiscales con casos especiales y asignación de investigadores en las diferentes fiscalías.

Carteles están intactos

La institución armada se encuentra en el ojo del huracán desde el pasado 22 de octubre, día en el que dos estudiantes universitarios fueron asesinados por policías.

Los cuerpos fueron llevados en las patrullas hasta la salida al sur y uno de los jóvenes que estaba aún con vida, fue rematado con las armas oficiales en un afán por eliminar testigos y evidencias.

Los supuestos responsables del crimen fueron capturados, pero, irónicamente, horas después se les permitió salir de franquicia (día libre), facilitando así su fuga.

El doble crimen fue solo el inicio de una serie de irregularidades y atrocidades cometidas por policías y que los medios de comunicación se encargaron de poner al descubierto. La Unidad de Investigación de EL HERALDO reveló, para el caso, que en los distritos policiales de La Granja y Belén operaban 'carteles' policiales dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, robo de vehículos, sicariato y extorsiones. Además, EL HERALDO reveló que centenares de armas fueron robadas del Escuadrón Cobras, sin que a la fecha haya responsables por este delito. Las armas habrían sido traficadas, con la confabulación de altos mandos policiales, hacia Guatemala y México, donde las habrían recibido Los Zetas.

Asimismo, EL HERALDO reveló un expediente de investigación elaborado por el general Arístides González (QEPD), en el cual constaba que un actual miembro de la cúpula policial fue investigado por nexos con el narcotráfico.

Asimismo, se denunció los pagos irregulares que algunos jefes policiales hacen a sus superiores para mantenerse en el cargo.

Las valientes denuncias de los medios de comunicación desataron una cacería y temible hostigamiento contra miembros de la prensa nacional. El propio presidente Porfirio Lobo Sosa, durante un encuentro con directores de medios de comunicación, reconoció que la 'investigación está en cero' y que él mismo tuvo que reforzar sus medidas de seguridad.

A los periodistas les recomendó tomar medidas para resguardar sus vidas y giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad para que cesaran las intimidaciones contra la prensa.

Tags: