El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles en tercer debate los primeros 41 artículos de la Ley Fundamental de Educación que supone sentará las bases para la transformación del sistema educativo, garantizará la cobertura en los niveles básicos y secundario y ahuyentará los conflictos con el magisterio por la tardanza de pago a los docentes.
Este cuerpo jurídico, que sustituye a la Ley General de Educación vigente desde 1966, ha generado una polémica con los colegios magisteriales que alegan no fueron tomados en cuenta en el largo proceso de socialización que el año pasado tuvo la Comisión Especial nombrada para elaborar el dictamen.
La ley crea las condiciones para que más de un millón de jóvenes, entre los 18 y 24 años, que por ahora no pueden estudiar, tengan acceso al nivel de educación secundaria que por hoy está casi abandonado por el Estado, según estudios de organismos internacionales.
Lo mismo ocurre con la educación prebásica, donde casi la mitad de la niñez entre los cuatro y seis años no pasan por esta etapa porque el Estado no les brinda las oportunidades.
Los diputados, que habían sido convocados para las diez de la mañana, comenzaron a las 11:30 la discusión de la Ley Fundamental de Educación que comprende 91 artículos. Los observaban representantes de organizaciones de la sociedad civil que aportaron sus ideas para elaborar el dictamen, mientras en las afueras del Congreso un reducido grupo de maestros, no como en otras ocasiones, protestaba por no estar de acuerdo con algunas partes de la ley.
'La educación ahora se pretende convertirla en una mercancía, ahí se habla de una subvención del Estado de fondos públicos para los centros educativos privados. La educación no puede ser considerada un servicio, es un derecho fundamental del pueblo. Esta ley coarta el derecho a la educación, no estamos de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, que le quita las facultades al Ministerio de Educación', dijo el dirigente magisterial Edwin Oliva.
Antes de iniciar la discusión, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, destacó que 'este es el gran paso del presente siglo que va a levantar a Honduras'. A su juicio, a partir de ahora los pobres de Honduras tendrán más acceso a los sistemas de educación porque se abrirán más centros educativos y se contratarán más maestros. Puso como ejemplos a Korea y Singapur, que eran países más pobres que Honduras, pero hace sesenta años le apostaron a la educación y hoy esos estados están transformados. Aquí en la región están Costa Rica y El Salvador, que ocupan los primeros lugares en materia educativa.
Consenso legislativo
Los jefes de bancada del Congreso coincidieron en la necesidad de que el país tenga mejores derroteros en el área educativa. 'Con la transformación del mundo, no podemos continuar en Honduras con esta estructura legal', dijo German Leitzelar, diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
El jefe de la bancada del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, dijo que lo importante de la nueva ley es que fue socializada. Con esta instancia se abren mejores oportunidades para la población.
'La niñez y la mujer en Honduras son los sectores históricamente abandonados', destacó, por su parte, el jefe del colectivo de Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce. Mientras que Jorge Elvir, de la Democracia Cristiana, dijo que su partido ve en la Ley Fundamental de Educación 'el inicio de los cambios y la transformación'.
Las novedades de la ley
La ley establece que el sistema nacional de educación estará conformado por la educación formal, la no formal y la informal.
La educación formal se organiza en los siguientes niveles: educación prebásica, básica, media y superior. La prebásica es para los niños de cuatro a seis años. La básica -que, según la nueva ley, constará de nueve años- es para los infantes de seis a catorce años y se divide en tres ciclos secuenciales y continuos de tres años.
La fase media es para los jóvenes de 15 a 17 años, como las anteriores es obligatoria y gratuita. Su culminación da lugar al otorgamiento del título de bachiller en la modalidad o especialidad correspondiente.
La Ley Fundamental de la Educación tiene, como novedades, que vuelve obligatoria la educación en los niveles prebásico, básico y secundario.
La fase primaria se unifica con el ciclo común de cultura general para dar paso a un solo nivel de nueve años, distribuidos en tres períodos. La implementación de este método conlleva la construcción de más aulas y más centros educativos y, consecuentemente, la contratación de más maestros.
A partir del año 2018 todo maestro contratado por el Estado deberá tener título universitario con el propósito de dar una mayor calidad educativa a los niños.
Un componente importante que busca terminar con los conflictos magisteriales por atrasos en los pagos de sueldos es que la ley descentraliza la administración de la educación.
A partir de la vigencia los nombramientos y contratación de obras, así como el pago de salario de los docentes, se traslada a los departamentos para evitar la corrupción y el atraso en pago a maestros. Se supone que ahora, el Ministerio de Educación sabrá con precisión cuántos maestros laboran para el Estado.
La ley incluye la educación multicultural, reconoce la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afro-hondureños. En la ley vigente a estos grupos se les obliga a perder su cultura y a aceptar como propia la mestiza. Los padres de familia, las iglesias, los patronatos y otros sectores comunitarios tendrán un papel protagónico en la supervisión de calidad y cumplimiento de los maestros.
La ley establece que la contratación de los maestros será en audiencias públicas en base a méritos, acción que será coordinada por la Dirección Departamental.
La nueva ley establece la obligatoriedad de al menos 200 días de clases, con la condición de que si no se cumplen, no se puede iniciar el siguiente período lectivo. Si hay atrasos, el tiempo perdido se deberá recuperar.
El cuerpo jurídico abre la posibilidad de contar con la 'educación en línea y educación en casa', para niños con problemas motores que actualmente no puedan recibir clases en escuelas públicas y tampoco titularse.
El currículo nacional, dice la ley, debe educar a los niños para prepararlos para el trabajo. El niño debe sentir la utilidad de las cosas que aprende y que se le abrirán oportunidades de empleo en la región donde vive. De esta forma la ley procura evitar la emigración del campo a las zonas urbanas.
