Honduras

Tribunal de Cuentas y Fiscalía tras la pista de irregularidades en Cultura

Comisión interventora de la SCAD presenta hoy al presidente Lobo el informe sobre las anomalías detectadas en la institución. El mandatario tomará su decisión con base en el documento.

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07.04.2014

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuará una auditoría total a las compras efectuadas por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes.

La investigación comprende las contrataciones ejecutadas en los últimos dos años. Se revisará si en la administración de esta secretaría, por parte del ministro Bernard Martínez y de los viceministros Godofredo Fajardo y Tony Sierra, se respetó la Ley de Contratación del Estado.

En la investigación se constatará la denuncia de una compra sobrevalorada de libros de textos destinados a bibliotecas escolares, la cual está incluida en el listado de contrataciones, se informó en el TSC.

Esta denuncia refiere a la compra de 594 textos a la empresa Gráfica Arte Moderno, en la cual se habría invertido la suma de 220,576. Sin embargo, supuestamente el valor de los libros ascendería a unos 65,000 lempiras, por lo que se habría incurrido en una sobrevaloración.

La decisión de auditar las compras la adoptaron las autoridades del TSC al valorar varias denuncias, por lo que la actividad fue incluida en el Plan Operativo Anual de 2012.

La investigación especial fue delegada a la Dirección de Participación Ciudadana, a través del Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias del ente contralor. El siguiente paso será nombrar al cuerpo de auditores que, de acuerdo a una calendarización, se desplazará a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes para iniciar la auditoría.

La auditoría comprenderá inspecciones y solicitud de expedientes de las contrataciones ejecutadas, incluidas compras directas, con licitación o en base a cotizaciones, se informó. Producto de la auditoría se constatará si procede o no deducir responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo, concluyó la fuente.

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Abuso y fraude

Por su parte, la Fiscalía contra la Corrupción está a la expectativa de los resultados que produzcan las auditorías del TSC, para definir si se procede o no en materia penal.

En ese sentido, la Fiscalía esperará que el ente contralor le remita el informe para determinar si existen o no méritos para que un tribunal de justicia conozca la supuesta sobrevaloración de libros escolares.

'Tengo entendido que el Tribunal Superior de Cuentas va a conocer el asunto y, obviamente, en este tipo de denuncias hay que hacer una revisión técnica desde el punto de vista contable en relación al sistema de adquisición de los bienes, en este caso los libros, y cuál fue su valor y su destino', expresó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado. En ese sentido, compete revisar si los requerimientos de órdenes de pago corresponden a una realidad, lo que deberá comprobar el TSC.

'Esperamos que una vez sea comprobado nos remitan el informe, si hay alguna acción penal; si no, hacer el reparo correspondiente si es una acción administrativa o civil', expresó. La Fiscalía podría efectuar su propia auditoría, sin embargo, prefieren no duplicar esfuerzos porque se sabe que el TSC conducirá la suya.

Cuando el ente contralor detecta indicios de responsabilidad penal remite el expediente a la Fiscalía para que se profundice la investigación y se interponga las acusaciones.

A juicio del fiscal Salgado, en esta denuncia de sobrevaloración en compra de libros se habrían cometido delitos como abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos públicos, que se tendrían que comprobar en una investigación.

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Podrían rodar cabezas

El gobierno podría definir este día el futuro del ministro de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, y del viceministro de Deportes, Godofredo Fajardo. Y es que la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, confirmó a EL HERALDO que hoy se entregará al presidente Porfirio Lobo el informe sobre la crisis en la Secretaría de Cultura, el cual fue elaborado por una comisión interventora del poder Ejecutivo.

El documento lo hizo la Comisión de Verificación y Auditoría de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes que inició funciones el 13 de diciembre de 2011 y terminó su período de 15 día hábiles el pasado 4 de enero.

La designada presidencial afirmó que será Lobo Sosa quien definirá si Martínez y Fajardo continúan en sus cargos o tendrán que abandonar la administración ante el desorden y la anarquía registrada en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, también salpicada por actos de corrupción.

Es de mencionar que Guillén fue quien notificó en diciembre pasado la suspensión de las autoridades de Cultura para dar paso a un proceso de intervención e investigación sobre las irregularidades que se han venido denunciando en dicha institución. El informe que entregue este ente deberá contener los hallazgos de las anomalías y una serie de recomendaciones para sanear la SCAD.

Durante operó la comisión permanecieron suspendidos de sus cargos el ministro Bernard Martínez y al viceministro de Godofredo Fajardo.

El acuerdo de cancelación de los funcionarios indica que, al terminar el trabajo la comisión interventora, los dos debían presentarse a sus oficinas a laborar.

Descubrimientos

El HERALDO conoció que el informe de la comisión interventora confirma algunas anomalías descubiertas por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos durante una investigación previa que realizó por instrucciones del presidente Lobo.

El documento establece que se ha cometido una serie de abusos contra el personal de Cultura debido al desorden administrativo que ha imperado en esa dependencia.

Se ratificó que existen anomalías en la contratación de empleados en puestos para los cuales no están calificados y se les pagan onerosos salarios.

El informe de la comisión interventora también ratifica las irregularidades descubiertas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en contra del ministro y viceministro de Cultura por supuesto mal manejo de recursos. A Martínez el TSC le extendió un pliego de responsabilidades por más de dos millones de lempiras, mientras que a Fajardo se le imputó un despilfarro de 87 mil lempiras.