Al menos cinco Fiscalías Especiales del Ministerio Público (MP) investigarán delitos al interno de la Policía Nacional.
El fin de semana EL HERALDO reveló en exclusiva un listado de 40 policías, entre oficiales y agentes, que fueron sancionados con separaciones y suspensiones de sus cargos.
La medida administrativa la ejecutó la Secretaría de Seguridad en contra de once oficiales, de los cuales, nueve han sido separados y dos suspendidos. Entre los separados hay un subcomisionado, tres comisarios, un subcomisario, un inspector y tres subinspectores. Además, fueron separados 29 policías, entre ellos un clase 1 y el resto de escala básica.
Seguida de la sanción disciplinaria las autoridades de Seguridad dispusieron remitir el listado al MP para que se investigue si los sancionados incurrieron o no en irregularidades.
En el ente acusador del Estado existe voluntad de realizar una detallada y profunda investigación contra los que aparecen en el listado.
'Cualquier solicitud o denuncia el Ministerio Público está obligado a estudiarla, si procede pues proceder a llevarlos a los tribunales de la República', expresó el fiscal general, Luis Rubí. Tras la separación de funciones la investigación no se abandonará, para evitar la impunidad.
Luego de recibir el listado, las autoridades del MP instruirán el inicio de la investigación para comprobar o descartar la existencia de ilícitos, entre ellos los ligados a actos de corrupción, irrespeto a derechos humanos, sicariato, extorsiones, narcoactividad o lavado de activos.
Esto implicaría que intervengan y coordinen la investigación las fiscalías de Delitos Comunes y contra el Crimen Organizado, expresó a EL HERALDO el asesor de la Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías.
Asimismo, las fiscalías de Derechos Humanos, contra la Corrupción y la novel Fiscalía de Privación de Dominio.
Calificó de correcta la decisión de las autoridades de Seguridad de remitir el listado al MP para investigar si los 40 policías incurrieron o no en delitos penales.
'Se tomarán los nombres de los que hasta ahora son sospechosos, recuerde que según el sistema nuestro toda persona es inocente, así es que no estamos hablando que porque estén en una lista son delincuentes, hay que investigar', subrayó.
Por lo tanto, el MP garantiza el debido proceso, como la defensa y presunción de inocencia. El no respetar el debido proceso pondría en peligro que Honduras sea objeto de demandas en tribunales internacionales, hay que hacer bien las cosas, ser prudentes, advirtió.
Inconsultas
Por su parte, la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, dijo a EL HERALDO que esperará que le sea remitido el listado.
'Para verificar la legalidad y proceder al ejercicio de las acciones penales, si estos expedientes tuvieran base y los requisitos de un debido proceso', expresó.
La fiscal insistió en que los niveles más altos de la Policía incurren en prácticas no solo de violaciones a derechos humanos, sino de actos caracterizados con colusiones vinculadas al crimen organizado y corrupción. Por ello justifica que intervengan en la investigación las fiscalías antes citadas.
Ponce lamentó que el MP no fue llamado por Seguridad para observar el proceso de separación de los policías, a pesar que anteriormente la Fiscalía General lo había solicitado. La adopción de medidas disciplinarias sin consultar al MP podría acarrear vicios de ilegalidad en posteriores acusaciones, advirtió.
Preocupación
Sobre el tema, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa de Lourdes Paz, dijo sentirse preocupada por la corrupción policial.
En tal sentido, manifestó que se debe buscar cómo colaborar en que sea una realidad una depuración en la Policía Nacional.
En lo que respecta al Poder Judicial garantiza que se cumplirá el debido proceso a los oficiales y policías que sean llevados a los tribunales, de darse el caso.
Por su lado, la magistrada Rosalinda Cruz, dijo que como operadora de justicia está preocupada que el país esté viviendo una situación de este tipo.
'Estimamos que se están tomando las medidas que deben de tomarse, esperemos que estas sean efectivas y oportunas para realmente combatir los problemas que estamos viviendo', dijo.
Traspaso de mando policial
Mientras tanto, el Distrito Policial 1-6 del barrio La Granja volvió al control de la Jefatura Metropolitana 1 de la Policía Preventiva. La tarde de ayer asumió el cargo de jefe el comisario Santos Ochoa Arias, en un acto de traspaso de mando presidido por el comisionado general, José Ricardo Ramírez Del Cid.
En el mismo acto tomó posesión del cargo el nuevo jefe de la Policía Metropolitana, subcomisionado Ramón Martínez Hernández, en sustitución del oficial de igual rango Manuel Alberto Calderón, quien venía desempeñándose en el cargo a raíz de la separación del subcomisionado Jorge Alberto Barralaga.
El comisario Ochoa Arias reveló que recibió el mando y control del Distrito con 150 policías y siete oficiales que trabajarán en el sector sur de la capital. Este cuerpo policial había sido intervenido por la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) a raíz de los acontecimientos generados por la muerte de dos estudiantes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos.
El hecho vino a poner a luz pública la podredumbre que imperaba en esa posta policial que, incluso, se le conocía con el nombre del 'cartel de La Granja'.
Investigaciones pusieron al descubierto que algunos de los Policías asignados a esa unidad estaban involucrados en robo de carros, asaltos, sicariato, secuestro y hasta extorsiones.
El comisionado Martínez Hernández expresó que asumió un compromiso, en primer lugar, de exhortar a los policías a cambiar de actitud, prestar un servicio de calidad y 'basarnos en la trilogía que nosotros tenemos, la que es servir, prevenir y proteger'.
