Estado se apoderará de bienes del crimen organizado

El Estado contará con una herramienta jurídica que le permitirá apoderarse de forma expedita de los bienes adquiridos por personas vinculadas al crimen organizado y corrupción.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, a través del jefe de la Unidad de Lavado de Activos, Orlan Chávez, redactó la Ley de Privación o Pérdida Definitiva del Dominio de Bienes, el cual será remitido al Congreso Nacional para su discusión, aprobación y puesta en vigencia.

El documento, al cual tuvo acceso EL HERALDO, expone las consideraciones, creación de nuevas figuras y procesos a seguir orientadas a que el Estado se apodere de bienes de propiedad de vinculados a actividades ilícitas sin necesidad que estos sean previamente condenados, respetando convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.

Es evidente la enorme cantidad de bienes que se adquieren con los ingresos obtenidos por actividades ilícitas y que no son perseguidos por el Estado para lograr su incautación.

Los delitos vinculados al crimen organizado y corrupción constituyen un fenómeno que ha trascendido las fronteras, por lo que la mayoría de las naciones del mundo han desarrollado un sistema de control dirigido a evitar que, a través de la adquisición de bienes con fondos ilícitos, los miembros de la delincuencia logren legalizar y disfrutar de esos bienes.

En tal sentido, Chávez considera pertinente la implementación de mecanismos tendientes a despojar a estas organizaciones de la posibilidad de continuar delinquiendo mediante el uso de los recursos que obtienen de la misma criminalidad.

“Por lo que se requiere dotar al Estado, garantizando el debido proceso de un mecanismo no tradicional que permita a los órganos jurisdiccionales dictar sentencias, donde se decrete la pena de comiso o decomiso, sin que sea requisito que esta pena este asociada a una responsabilidad penal”, cita el anteproyecto de ley.

Abolir limitante

En la actualidad, los tribunales deben esperar a dictar una sentencia condenatoria contra un procesado para que el Estado pueda hacer uso de los bienes, lo que constituye una limitante para atacar frontalmente estas organizaciones criminales.

Con la nueva ley ya no será así ya que se evacuará un proceso judicial paralelo para la pérdida definitiva de los bienes para ser traspasados a favor del Estado con el fin de ser aprovechados por la sociedad.

El juicio penal y el de pérdida definitiva de los bienes se efectuarán de forma paralela.

En el caso de que el procesado ya no cuente con bienes adquiridos de forma ilícita, la ley faculta al Estado a expropiar otros bienes equivalentes a la suma defraudada, aunque sean adquiridos de forma legal.

En el anteproyecto se crean figuras como la entrega vigilada, operaciones encubiertas y el informante, quien el Estado le otorgará una recompensa por los elementos que aporte de hasta un cinco por ciento de lo que se obtenga de la liquidación de bienes.