Internas 2012
Jueves 04 de octubre de 2012
Democracia y crisis política en Honduras 04:08 pm  - Redacción 

En 2009, Honduras experimentó la ruptura más aguda del orden constitucional de América Latina de los últimos años. Aunque los hondureños dudan de la democracia, hay cifras que alientan la esperanza.

La política en Honduras ocupa un lugar creciente en las prioridades de la sociedad.

Antes de 1980, la historia política de Honduras estuvo plegada de revueltas armadas, gobiernos ilegales, golpes de estado, triunviratos, juntas militares, dictaduras y presidentes provisionales.

Fue en el gobierno de Policarpo Paz García  (1978-1982), dirigente militar electo como presidente provisional de Honduras por la Asamblea Nacional Constituyente, que se propició el retorno al orden democrático a través de elecciones libres que dieron el poder al liberal Roberto Suazo Córdova.

Desde el 27 de enero de 1982 al 26 de enero de 1986, este médico originario de La Paz fue presidente de Honduras.

En su gobierno se instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional, ligada a muertes y torturas, y comandada por el jefe de las Fuerzas Armadas Gustavo Álvarez Martínez.

La incipiente democracia en Honduras dio otro paso firme con elecciones generales que le dieron el poder al también liberal José Simón Azcona del Hoyo (27 de enero de 1986 al 26 de enero de 1990).

En este periodo, Centroamérica busca respuestas pacíficas y no militares a la convulsión política que vive la región.

Del 27 de enero de 1990 al 27 de enero de 1994 fue presidente de Honduras el nacionalista Rafael Leonardo Callejas, en cuyo gobierno se creó el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se le atribuye la modernización del Estado e importantes logros en infraestructura, salud y educación.

Luego, con el lema de la Revolución Moral, le siguió el abogado liberal Carlos Roberto Reina, quien ejerció el poder desde la máxima magistratura de Honduras entre el 27 de enero de 1994 al 26 de enero de 1998.

En su gestión, el servicio militar pasó de obligatorio a voluntario y educativo, la policía dio sus pasos iniciales al control civil, y promovió el modelo educativo de la Escuela Morazánica.

Le sucedió en la Presidencia de Honduras el también liberal Carlos Roberto Flores, quien asumió el cargo entre 1998 y 2002.

En su administración se creó la Policia Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Defensa.

No se puede obviar que su gobierno tuvo que afrontar el paso del huracán Mitch, el peor fenómeno de esta naturaleza que se recuerda en Honduras desde el huracan Fifí en 1974 y cuyas secuelas siguen haciéndose sentir hasta la fecha.

A Flores le sucedió en el poder el presidente Ricardo Maduro (2002-2006), de filiación nacionalista.

Pese a que su administración logró sanear las finanzas públicas, con medidas fiscales con las que se logró  la condonación de la deuda externa y un crecimiento del 6 por ciento anual, los hondureños apostaron por el liberal Manuel Zelaya para presidente de Honduras en los siguientes comicios electorales.

No obstante, el período 2002-2006 que debía cumplir Zelaya en la Presidencia de Honduras fue acortado por un golpe de Estado, según la calificación atribuida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue expulsado del poder y expulsado a Costa Rica, justo el día en el que se realizará la consulta popular de la cuarta urna, en la que se consultaría al pueblo hondureño sobre una Asamblea Nacional Constituyente.

La cuarta urna fue considerada ilegal por la justicia hondureña, lo que no fue obstáculo para que el gobierno zelayista llevara adelante la consulta popular, interrumpida sólo por la intempestiva salida del poder del gobernante, quien fue sucedido por el entonces presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín.

Crisis política, crisis democrática

Los hechos de junio de 2009 fueron un retroceso para la vida democrática que con sangre se había escrito en Honduras desde la década de los 80.

Aislada de la comunidad internacional a raíz de la expulsión de Manuel Zelaya, el país bajo el gobierno interino o de facto de Roberto Micheletti celebró en 2009 elecciones generales que dieron el poder al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo.

El proceso fue avalado por la comunidad internacional, que reconoció el ejercicio democrático y transparente que dio el poder al presidente Porfirio Lobo.

Paulatinamente, Honduras logró su reincorporación en el ámbito internacional, que vio con agrado los esfuerzos de Unidad y Reconciliación Nacional impulsados por el actual gobernante hondureño.

No obstante, los hechos de 2009 siguen dejando huella.

El estudio Democracia en Honduras, valores y participación política 2011 señala que la sociedad hondureña duda de su democracia.

De hecho, el apoyo a la democracia en Honduras es de apenas un 53%, frente a un 61% en América Latina.

Los hondureños, incluso, dan un porcentaje de aprobación del 31% al último gobierno militar, en  comparación con el resto de América Latina, cuyo porcentaje es de 19%.

La razón, según la publicación, tiene su origen en el orden y la seguridad que se percibía y también en las reformas agrarias de algunos regímenes militares.

Cuando se enfocan en los gobiernos democráticos, los hondureños describen la corrupción de las instituciones públicas, los intereses particulares sobre el bien común y la escasa cultura de la legalidad, entre otros.

Aunque la insatisfacción con la democracia en Honduras no sólo tiene sus raíces en la política sino en factores socioeconómicos.

Es así como el 63 por ciento de la población apoyaría un régimen autoritario si resolviese los problemas económicos. En el resto de América Latina el porcentaje es de 53%.

La democracia en Honduras está relacionada también con la desigualdad social. El 55% de los hondureños atribuye esa dispar distribución de la riqueza al sistema democrático, mientras que en América Latina esa opinión la comparte el 48% de la población.

El estudio sobre Democracia en Honduras señala también que los hondureños tienen poca fe en el voto como motor de cambio. Apenas el 45%, en contra del 59% en el resto de países latinoamericanos.

Y mientras en el resto de América Latina el 16% cree en el poder de las protestas, en Honduras es el 20% el que avala esta medida de presión.

“Más grave es la sensación de fatalidad frente a la realidad: 21% cree que no es posible influir para cambiar las cosas contra 14% en el Continente”, según la publicación del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales.

Afortunadamente, no todo es negativo.

La política en Honduras ocupa un lugar creciente en las prioridades de la sociedad, y en los últimos años ha pasado de 30% (2006) a un 40% (2010).

Se trata de una oportunidad “siempre y cuando esa politización se canalice por los caminos constitucionales”, señala el estudio.

Otro dato alentador es la confianza en la limpieza de las elecciones, que ha alcanzado su nivel más alto con un 55%. “Después de haber experimentado la ruptura más aguda del orden constitucional de América Latina de los últimos años, el apoyo a un golpe de Estado descendió a uno de los promedios más bajos de América Latina (30%)”, según el estudio sobre democracia.

La crisis abierta en 2009 coloca a Honduras en un punto de inflexión histórica. Aunque permanecen sin modificaciones los factores estructurales que precipitaron el quiebre del orden constitucional, la mayoría del liderazgo político establece un balance crítico de la situación actual y admite la necesidad de ejecutar reformas.

La pregunta, según este estudio sobre democracia en Honduras, no es si se deben hacer esas reformas, sino cuáles, en qué dirección, con cuánta intensidad y a qué ritmo.

Valores democráticos

Honduras no se sustrae al descenso en la participación electoral que ha experimentado América Latina: en el período 1988-1991, la cifra era de un 75% y entre 1988-1991 bajó a 60%.

En Honduras, los porcentajes fueron, incluso, mayores: de casi un 85% de participación bajó a un poco más de 50% entre los comicios de 1985 y los de 2009.

Otro dato que llama la atención es que en comparación  con otros países centroamericanos, Honduras tenía más votantes a mediados de los años 80. No obstante, hoy tiene menos debido a que el crecimiento de electores ha sido modesto en comparación con los países vecinos.

Geográficamente, son los departamentos más pobres  con mayor presencia indígena los que muestran mayores tasas de participación electoral, mientras el norte urbano muestra las tasas más bajas.

Este fenómeno fue llamado como “la paradoja hondureña”  por Willibald Sonnleitner: las zonas con menor desarrollo humano participan más. Este dato atípico tendría su origen en el hecho de que las redes clientelistas se manejan con mayor facilidad en estos segmentos.

La encuesta de alcances democráticos, que se realizó  un año después de la asunción del presidente Porfirio Lobo y 18 meses después de la destitución del presidente Manuel Zelaya, muestra también que el porcentaje de personas con valores democráticos es inferior (30.7) a las que no tienen valores democráticos (69.3).

Son los demócratas, jóvenes, y aquellos que han recibido más educación formal, quienes tienden a estar más comprometidos e involucrados en la política hondureña. Aunque este grupo está  sistemáticamente más informado sobre temas políticos, es a la vez más cínico e incrédulo que los demás.

“Es claro que una de las tareas esenciales que Honduras enfrenta hoy en día es de reconstruir la confianza entre sus ciudadanos y entre su ciudadanía y sus instituciones”, señala el estudio sobre democracia.

Destaca que la mayoría de hondureños (94%) está  comprometido a emplear el diálogo para solucionar los problemas políticos, mientras un 30% cree que a veces la violencia es necesaria.

“La reconciliación es un desafío clave, pero tal vez deba empezarse por algo más modesto: construir espacios de confluencia, para que los que hoy están separados puedan sentarse nuevamente a la mesa del diálogo”.

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