Responsabilidad civil y penal en gestión de Rafael Pineda Ponce frente al Congreso Nacional

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó dos informes de auditorías que develan responsabilidades de tipo civil y penal contra Rafael Pineda Ponce.

Las supuestas irregularidades detectadas corresponden a dos auditorías practicadas por el ente contralor en la gestión de Pineda Ponce como ministro de la Presidencia, en el gobierno interino del 29 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010.

El primer informe, el 004-2010-DASSJ, refiere a una responsabilidad penal detectada en la investigación especial que se realizó a una cuenta de cheques de la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado.

“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida por esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, cita un oficio firmado por el magistrado Jorge Bográn, dirigido al fiscal general Luis Rubí.

La auditoría expone que “Blanca Mélida Chávez, gerente administrativo de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, mediante memorándum de fecha 05/01/2010 solicitó al profesor Rafael Pineda Ponce, secretario de Estado, la autorización para el cambio de los beneficiarios de 22 cheques... comprobamos que los cheques fueron modificados en su cantidad y nombre de los beneficiarios”.

Se detallan cuatro casos de entrega de cheques que suman la cantidad superior a los 388,500 lempiras, pero que posteriormente se comprobó que no fueron recibidos por los que se consignaban como beneficiarios.

El dinero se había destinado para reconstrucción de centros educativos y becas, pero se investiga si los mismos tendrían otro destino. El TSC reseña tipificación de delitos como estafa y otros fraudes. Un segundo informe, el 003-2011-DASSJ, refiere a una responsabilidad civil que se habría cometido en la gestión de Pineda Ponce, al frente del ministerio de la Presidencia.

“Este informe contiene conclusiones y recomendaciones; los hechos que dan lugar a responsabilidad civil se tramitarán individualmente en pliegos separados”, cita el oficio suscrito por Bográn, dirigido a la designada y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.

La auditoría comprobó que Pineda Ponce mediante Decreto Ejecutivo No. A-016-DP-2009 autorizó el pago de una bonificación especial a funcionarios y empleados de la Secretaría del Despacho Presidencial. Se incluyó al personal con cargos de confianza, consultoría, servicios técnicos o especializados, secretarias o servicios afines, conserjes, personal de aseo, conductores de automóviles y vigilantes.

El TSC concluye que se incurrió en un pago indebido por la cantidad de 1,196,781 lempiras.

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