"Impuesto de guerra"
Miércoles 22 de febrero de 2012

Maestros suspenden clases por amenazas de pandilleros

11:05 pm  - Redacción 

Los docentes recibieron un llamado donde les exigían una cantidad no especificada de dinero.

Tegucigalpa,

Honduras

Los mareros extorsionadores tienen atemorizados a maestros y alumnos de la escuela Michell Hasbun de la colonia San José de La Vega, quienes ayer se vieron obligados a suspender las clases debido a las amenazas que reciben obligándoles a pagar el mal llamado “impuesto de guerra”.

Lo mismo sucede en los diferentes centros educativos de primaria y secundaria de la zona, donde los inadaptados sociales hasta advierten que van a quemar las instalaciones si los mentores se niegan a entregarles determinadas sumas de dinero.

En el mencionado centro educativo, las llamadas telefónicas comenzaron durante la jornada de la tarde cuando integrantes de pandillas, que se dedican a sembrar el terror en la zona, les ordenaron a los profesores que deben pagarles lo que ellos exijan o que se “atengan a las consecuencias”.
Suspensión de clases

A partir de las 10:00 de la mañana, todos los alumnos tuvieron que regresar a sus casas por decisión de los maestros, quienes sostuvieron una reunión para buscarle una solución al problema.

Uno de los profesores se quejó que despacharon a los escolares y cerraron labores para determinar si interponen la denuncia ante la Policía.

Agregó que los miembros de pandillas les dicen que mencionan el nombre de cada maestro y exigen que deben pagar el “impuesto de guerra”.

Lamentó que el personal de los otros centros educativos interpuso las denuncias, pero que la Policía no investiga nada ni se preocupa por brindar seguridad.

Según datos del Congreso Nacional, el crimen organizado recauda más de 15 millones de lempiras anuales.

El Legislativo busca castigar con 15 a 20 años de cárcel a delincuentes que a diario amenazan a muerte a miles de hondureños, entre taxistas, dueños de pulperías, buses, salones de belleza, bodegas y restaurantes, cooperativistas y personales particulares.

En la actualidad, los extorsionadores apenas son castigados con seis a nueve años de cárcel, pero debido a debilidades en el sistema judicial, quedan en libertad en menos de un mes y en la mayoría de los casos salen a la calle a buscar a la persona que los denunció y la asesinan.

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