Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández aprobaron doble pago a maestros políticos

En el Congreso Nacional que era dirigido por el actual presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, se aprobó el decreto 72-2002, el que ha dado origen a que los recursos de la Secretaría de Educación sean dilapidados por maestros que no ejercen su profesión porque ocupan cargos de elección popular.

Estos maestros, poco más de 500, han podido solicitar licencias con goce de sueldo, lo que le representa al Estado una erogación superior a los 1,800 millones de lempiras al año.

Irónicamente, fue el propio presidente Porfirio Lobo quien cuestionó, la semana pasada, que Educación erogue esa fuerte suma de dinero, que bien podría invertirse en contratar más maestros, construir más escuelas o hacer los pagos de matrícula gratis.

El decreto es signado por Lobo Sosa como presidente del CN y por Juan Orlando Hernández como secretario del Legislativo.

Abuso en su aplicación

La pregunta que se hacen ahora los líderes de oposición es si tanto Lobo Sosa como Hernández Alvarado estarían dispuestos a derogar esta disposición para terminar de una vez por todas con los dobles salarios.

El contenido

El decreto 72-2002  establece en su artículo 1 que el Estado concederá licencia con goce de sueldo a aquellos ciudadanos que, desempeñando

un cargo en la salud o en la docencia, resulten electos como alcaldes, si el sueldo fuere menor al que devengan regularmente en las dependencias del gobierno.

Sin embargo, este artículo ha sido aplicado también a los maestros que resultan electos regidores, diputados propietarios y suplentes y hasta diputados al Parlamento Centroamericano.

Según las estadísticas que proporcionó Educación, al año se pagan 1,828 millones para pagar licencias a 60 alcaldes, 53 vicealcaldes y 410 regidores.

Además, se pagan 45.6 millones para pagar a 17 diputados propietarios y suplentes.

Los departamentos donde hay más maestros políticos beneficiados con licencia son: Santa Bárbara (243 millones), Lempira (189 millones), Comayagua (164 millones), Intibucá (155 millones), Olancho (126 millones) y Francisco Morazán (124 millones).

Las pérdidas anuales para Educación son mayores porque, además de pagar salarios a personal que no trabaja, debe tener recursos para pagar a los sustitutos.

Interpretación

Los maestros beneficiados alegan que es un derecho que les otorga la Constitución en el artículo 258.

Esta disposición establece que “tanto en el gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez (2) dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia”.

Este artículo, que ha sido mal interpretado a propósito, significa que un alcalde o diputado puede devengar su salario como tal, pero si da clases en un colegio o da consultas médicas, también podía hacer cobros por estos servicios. En el caso de los políticos, no desempeñan sus labores como maestros pero sí cobran puntualmente su salario.

El artículo 5 del decreto estableció o legalizó la dilapidación de recursos. “La Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas asignará a la Secretarías de Estado en los Despachos de Educación y Salud las partidas presupuestaria necesarias para cubrir en forma interina la vacante de quienes gocen de licencia con goce de sueldo”.

Según lo informado por Marlon Escoto a EL HERALDO, de los maestros políticos beneficiados, 276 pertenecen al Partido Nacional, 239 al Partido Liberal y 8 pertenecen a los partidos minoritarios.

La preocupación es mayor porque para el próximo proceso electoral interno ya hay 3,500 maestros aproximadamente que aspiran a un cargo de elección.

En ese sentido, lo correcto es que la norma sea derogada por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

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