Dolientes insatisfechos con informe preliminar de expertos de EE UU

Entre protestas y disgustos de dolientes, la Dirección de Medicina Forense terminó las autopsias de las 360 víctimas del incendio ocurrido en la granja penal de Comayagua; sin embargo, el vía crucis de los familiares que esperan la entrega de los restos mortales aún no concluye.

El martes 14 del presente mes un pavoroso incendio destruyó cinco módulos del mencionado centro penitenciario, lo que hasta la fecha reporta el saldo de 360 muertos, así como más de una veintena de heridos y con quemaduras de gravedad.

Todos los cuerpos fueron trasladados a la capital tras el levantamiento realizado por peritos forenses, fiscales del Ministerio Público y técnicos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), entre otros.

Mientras tanto, expertos del Equipo de Respuesta Internacional (IRT) del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), así como equipos del Cuerpo de Bomberos, iniciaron las investigaciones para establecer las causas de la tragedia.

Decenas de familiares se movilizaron hasta la capital con la intención de reclamar los restos mortales, sin embargo, la espera continúa para la mayoría debido a la demora en la identificación y entrega de los cuerpos.

El pasado lunes varios familiares protagonizaron una revuelta como medida de presión por la tardanza, mientras que la mañana de ayer se registró un conato por el intento de colocar una manta en el cerco provisional para impedir la visibilidad hacia la morgue.
Insatisfechos

A ello se sumó el disgusto de los coordinadores del comité de familiares por el resultado de las investigaciones de los expertos de ATF en relación a las causas del siniestro.

Demandaron una nueva investigación para corroborar el informe de expertos estadounidenses, que lo atribuyó una causa “accidental”.

“No está descartado 100% que haya habido mano criminal, pedimos que otra organización confirme el dictamen” de la ATF, dijo la coordinadora del comité de familiares, Gloria Redondo.

El equipo de la agencia estadounidense que hizo la investigación en el sitio de la tragedia, en la granja penal de Comayagua, concluyó que fue "accidental" el incendio ocurrido la noche del 14 de febrero.

Sobre el informe de la ATF y el malestar de los parientes, el presidente Porfirio Lobo Sosa dijo que “hay que esperar que dé el informe la gente de la ATF de Estados Unidos... lógicamente es un informe confiable por su experiencia y su capacidad”.

“Yo no quiero comentar sobre nada excepto que el informe... recuerden que es una investigación internacional que es independiente y es preferible que ellos sean los que digan qué es lo que paso”, sostuvo el mandatario.

Por su lado, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen sus propias valoraciones sobre la investigación que asegura que en el incendio en la granja penal de Comayagua no hubo mano criminal, sino un accidente.

“Esta información es alentadora, pero no debemos quedar satisfechos con este calificativo”, dijo el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés.

“Creo que debemos asumir cada institución que tenga relación con centros penales nuestras responsabilidades, para que los privados de libertad gocen de todas las garantías que el derecho les da”, agregó.

La investigación tendrá que concluir para que el gobierno inicie un proceso de negociación amistosa con los familiares de las víctimas. “Esta es la mejor posición que puede adoptar el gobierno de la República y ojalá que pudiera llegar a arreglos satisfactorios con cada uno de ellos, en caso contrario habrá que afrontar las demandas internacionales”, expresó el presidente de la CSJ.
Proceso de entrega

El Ministerio Público informó que ayer siguieron las coordinaciones para identificar a las víctimas, según Melvin Duarte, portavoz de la institución.

Según un comunicado del MP, la Unidad de Identificación Forense fue reforzada con un mayor número de especialistas, por lo que ayer procedieron a la entrega de un mayor número de cuerpos.

En horas de la mañana la cantidad de cadáveres entregados se mantenía en 57, mientras que los identificados eran 87 en total, según el informe oficial.

Según el equipo forense, el trabajo de identificación de cuerpos es un proceso que implica varias tareas que pasan, inicialmente, por obtener una identificación positiva que proporciona el Registro Nacional de las Personas (RNP) cuyos técnicos se encuentran instalados en la Facultad de Medicina.

Seguidamente, el proceso debe pasar por la realización de pericias que realizan los técnicos en huellas dactilares y los odontólogos forenses, así como por el análisis de las placas de rayos X que se toma a la totalidad de los cuerpos. Los especialistas forenses confirmaron la identidad de la única persona del sexo femenino que apareció en el grupo de cuerpos ingresados, quien respondía al nombre de Keylin Turcios Cerrato.
Sí hay responsabilidad

El hecho de que el dictamen de la ATF diga que no hubo mano criminal en el incendio de la granja penal de Comayagua, que fue un accidente, eso no limita a la Fiscalía a deducir responsabilidades a custodios y autoridades penitenciarias.

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“Los agentes del Estado por dejadez, negligencia o con dolo manifiesto pudieron haber evitado que estas personas fallecieran”, manifiesto el fiscal de Derechos Humanos, Juan Carlos Griffin.

De comprobarse que los custodios pudieron salvar vidas de reos, la Fiscalía procederá a deducir responsabilidades al personal penitenciario por incumplir con su deber.

La Fiscalía confirma si los custodios prefirieron no abrir las celdas, ya que los reos pudieron permanecer en una cancha ubicada a un lado de los módulos, sin necesidad de abrir portones. Se investigan delitos de violación a los deberes y homicidio colectivo, al incumplir su calidad de garantes de la vida de los privados de libertad.

Solo el delito de homicidio es penado con entre 15 y 20 años de reclusión, que multiplicados por las 360 víctimas que suman hasta la fecha implicarían una posible condena de 7,200 años de cárcel como pena máxima y 5,400 como mínima.

Los fiscales tomaron declaraciones testificales de privados de libertad, vecinos del recinto, buscan videos, dictámenes periciales y reconstrucciones.

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