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Martes 11 de diciembre de 2012

Diputados se colocan en línea de responsabilidad penal: Roy Urtecho

05:40 pm  - Redacción 

"Debe entenderse que cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado" sobre posturas jurídicas de fondo, suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución", dijo el fiscal adjunto.

Tegucigalpa,

Honduras

Los diputados del Congreso Nacional de Honduras  se exponen a cometer delitos de traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios si ratifican la moción para investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió este martes el fiscal adjunto del Ministerio Público Roy Urtecho.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía General en Tegucigalpa , Urtecho leyó un pronunciamiento sobre la moción que fue aprobada anoche en el Legislativo  y que está encaminada a analizar la “conducta administrativa” de los magistrados de la Corte hondureña.

El fiscal adjunto basó su análisis jurídico en el artículo 205 de la Constitución, que en su numeral 20 consigna como atribuciones del Legislativo "Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, registro Nacional de las Personas, Instituciones Descentralizadas y demás órganos auxiliares y especiales del Estado”.

No obstante, Urtecho argumenta que la decisión en la que fundamente el Legislativo su moción "radica en aspectos del fondo de sus resoluciones, precisamente adoptadas en la tarea de ejercer el control constitucional , que le corresponde a la Sala de lo Constitucional; al haber proferido sentencias sobre cuestiones legislativas declaradas inconstitucionales " en base a la Ley de Justicia Constitucional.

"La Sala, es intérprete último y definitivo de la Constitución", y "es la Sala, la que conoce exclusivamente la garantía de Inconstitucionalidad", arguyó Urtecho.

En consecuencia, "debe entenderse que cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre estas posturas jurídicas de fondo, suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución" y "se rompe el Principio Constitucional de separación de poderes ".

El fiscal adjunto declaró que "autorizar la revisión de la conducta del Poder Judicial sobre aspectos que no tienen que ver con la conducta o función administrativa, implica abrir la puerta para una especie de juicio político o antejuicio" a los magistrados de la CSJ, lo que "no está contemplado en la Constitución actual".

Por lo tanto, los diputados autorizantes de esta moción se colocan "en la línea de la responsabilidad penal , puesto que ordenar acciones fuera de la Ley son constitutivas de Abuso de Autoridad y Violación a los deberes de los Funcionarios, así como el de Traición a la Patria, por atentar al control del Estado de Derecho, sus valores y abrir la puerta a la suplantación de poderes".

Urtecho añadió que "se trata entonces de un claro conflicto de poderes, que no puede resolverse mientras no se consolide una reforma constitucional  orientada a" establecer el mecanismo de juicio político para altos funcionarios del Estado, que permita revisar la conducta administrativa, personal y el ejercicio profesional del cargo desempeñado.

Dicha reforma también deberá ir orientada a "constituir una Corte Constitucional, independiente con facultades de resolución de conflictos entre poderes, disolviendo para ello, la Sala Constitucional actual, para evitar la doble competencia".

El fiscal adjunto Roy Urtecho explicó que corresponderá al Fiscal General Luis Alberto Rubí instruir una investigación en caso de se ratifique en el Legislativo la moción presentada ayer por el diputado juanorlandista Rodolfo Zelaya.

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