Derechos humanos
Domingo 24 de marzo de 2013

Anteproyecto de “ley mordaza” no tiene recomendaciones de relator de la ONU

09:35 am  - Redacción 

Conatel se habría adelantado a ministra de DD HH al presentar iniciativa que impone “mordaza” a medios. La mayoría de las bancadas liberal, de la DC y del Pinu votaría en contra.

El comisionado de Conatel, Ricardo Cardona, entregó al secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, el anteproyecto el jueves en la noche.
El comisionado de Conatel, Ricardo Cardona, entregó al secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, el anteproyecto el jueves en la noche. (El Heraldo)
Tegucigalpa,

Honduras

El anteproyecto de reforma a la Ley de Sector de Telecomunicaciones o “ley mordaza”, presentado al Congreso Nacional por Conatel, no contiene las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank de la Rue.

La iniciativa iba a ser remitida al Poder Legislativo por la ministra de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), Ana Pineda, quien prometió que el documento contendría las observaciones del experto internacional.

Pero sorpresivamente, el jueves en la noche, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, se adelantó y entregó al secretario de Congreso, Rigoberto Chang Castillo, el anteproyecto. EL HERALDO quiso conocer la reacción de la funcionaria sobre este tema, pero no contestó la petición de entrevista.

Pineda es quien ha impulsado este proyecto, calificado por diversos sectores como un atentado a la libertad de expresión. La iniciativa es promovida por el presidente Porfirio Lobo y tiene el respaldo del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

La semana pasada la ministra aseguró que, aunque estaba de acuerdo con la propuesta de anteproyecto que se había elaborado, esperaría a que el relator enviara sus observaciones para conocer si, a su criterio, había elementos que atenten contra la libertad de expresión.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fijó su posición en el sentido de que el proyecto violenta normas constitucionales y tratados internacionales.

“Mordaza”

El proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones propone la creación de una Comisión Reguladora de Contenidos que tendría la facultad de imponer elevadas sanciones a operadores de radio y televisión e iniciar procesos de suspensión de concesiones.

El presidente de la República tendrá la facultad de suspender una concesión, según dictamen de esta Comisión Reguladora de Contenidos.

Se califica como “falta muy grave”, según el anteproyecto, cuando un operador difunde información que genere apología al odio racial o contra orientaciones sexuales, según el artículo 41 de documento.

La pena por esta infracción sería de una multa de hasta un 5 por ciento de los ingresos brutos de la empresa mediática. Luego, el artículo 43, numeral 3, dice que cuando haya reincidencia de una falta grave esta se sancionará con la suspensión de la concesión.

Aunque el gobierno lo niega, el anteproyecto tiene un mecanismo confiscatorio de los equipos de transmisión, aspecto que tácitamente prohíbe la Constitución de la República.

Al momento de entrar en vigencia las reformas, las frecuencias que hayan sido concedidas y no estén en uso serán suspendidas.

El Estado entregará frecuencias mediante proceso de licitación y quien gane el derecho a una señal que le haya sido quitada a un operador, tendrá la obligación de adquirir sus equipos por el valor que corresponda. De no llegarse a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos siguiendo para ello lo prescrito por la Ley de Expropiación Forzosa, según el inciso C del artículo 46 del anteproyecto.

También se plantea que el espectro radioeléctrico se distribuya de la siguiente forma: 33 por ciento para los servicios comunitarios, o 33 por ciento para servicios y 34 por ciento para el Estado.

Por su lado, la diputada liberal Waldina Paz dijo que la ministra Ana Pineda “de defensora de derechos humanos no tiene ni un pelo” porque ha impuesto su criterio en la elaboración de anteproyecto y no toma en cuenta la opiniones de representantes de medios.

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