Militares, inseguridad y depuración

Aunque al menos tres fiscalías han mostrado interés en investigar más a fondo la revelación de EL HERALDO sobre el nuevo escándalo en las Fuerzas Armadas de Honduras –algo ya muy común en estos casos– lo ideal sería incluir a los militares en el proceso de depuración que está iniciando para limpiar de corruptos y otros delincuentes a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Es urgente que la Fiscalía de los Derechos Humanos, tal y como lo ha anunciado, intervenga para asegurarse que al sargento Luis Alberto Sánchez Rodríguez, acusado en el tribunal militar del robo de los 22 lanzacohetes RPG-7 y sus municiones, se le están respetando sus derechos humanos y el debido proceso; que no solo esté siendo utilizado como mampara para proteger a los verdaderos perpetradores.

Pero la Fiscalía también debe investigar inmediata y exhaustivamente las circunstancias en que murió –para identificar a los autores materiales e intelectuales— el soldado Edilson Paulino Rodríguez, un testigo de la trama en que fue enredado el sargento Sánchez.

EL HERALDO confirmó que el cadáver del soldado fue levantado en Los Laureles, el 18 de mayo de 2011, con varias perforaciones de bala. Se conoció también que entonces, las Fuerzas Armadas lo hicieron pasar como “marero”, un recurso con el que se taparon muchos de los crímenes cometidos por policías.

Pero en el marco del proceso de depuración de los llamados “operadores de justicia”, de la lucha contra la inseguridad y la corrupción, contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, también hay mucho que investigar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en sus diversos componentes y niveles jerárquicos.

Desde hace años se han presentado casos y denuncias sobre jefes militares involucrados en el tráfico de drogas, tráfico de armas y corrupción.
Incluso un cable secreto enviado el 2 de octubre de 2008 desde la oficina de la Secretaría de Estado a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, con base en un informe de la DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa, por sus siglas en inglés) dice que armas ligeras antitanques y granadas vendidas a Honduras fueron descubiertas en poder de narcotraficantes en México y en Colombia.

Ojalá que este nuevo escándalo y la incorporación de un enviado de Washington para reforzar la lucha contra la inseguridad también despierte la consciencia en el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que el actual proceso de depuración también debe incluir a los militares.