Denuncia y repudio

06:34 pm Por:

La población, muy razonablemente, se pregunta angustiada: ¿hacia dónde va Honduras? ¿hacia el creciente autoritarismo, antesala del totalitarismo? ¿hacia el caos y la ingobernabilidad? ¿se está ya en la antesala del Estado fallido?

La intempestiva, arbitraria e ilegal destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la mayoría mecánica de diputados en el Congreso Nacional, está mereciendo la condena y el rechazo tanto de compatriotas de diversas filiaciones políticas y doctrinas filosóficas, así como de juristas extranjeros.

Unos y otros coinciden en la antijuridicidad, el abuso de poder, el no reconocimiento del derecho a la defensa, la violación a los deberes de los funcionarios, suplantación de poderes, traición a la patria, delitos todos que conllevan responsabilidad y sanción penal.

Ha quedado evidenciado tanto lo falso de los argumentos pseudo-jurídicos a que se apeló para la defenestración de los magistrados así como las motivaciones reales, que tienen una clara motivación política relativa a eliminar cualquier cuestionamiento que ponga en duda las ambiciones de los titulares del Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

Igualmente, la arrogancia y ambición de poder que los exhibe de cuerpo entero, al igual que la incondicionalidad y el oportunismo de determinados parlamentarios, que no vacilan en alquilar o vender su voto al mejor postor a efecto de obtener determinados beneficios a cambio.

Un daño irreparable se ha cometido contra la institucionalidad, el Estado de derecho y el frágil sistema democrático, amén de la imagen que se proyectó de Honduras dentro y fuera de nuestras fronteras, como una nación donde prevalece la inseguridad tanto jurídica como ciudadana, donde las reglas del juego se modifican de acuerdo a conveniencias personales y/o grupales.

De esta manera se experimenta un retroceso en el aprendizaje democrático que recuerda los continuos enfrentamientos entre el titular del Ejecutivo, entonces presidido por Manuel Zelaya Rosales, de una parte, y el Legislativo y Judicial, de otra.

La población, muy razonablemente, se pregunta angustiada: ¿hacia dónde va Honduras? ¿hacia el creciente autoritarismo, antesala del totalitarismo? ¿hacia el caos y la ingobernabilidad? ¿se está ya en la antesala del Estado fallido?

Interrogantes muy valederas que merecen respuestas concretas por parte de quienes controlan el mando, delegado temporalmente por el pueblo, que está en derecho y capacidad de cuestionar lo que hasta ahora han actuado, en materia económica, administrativa, jurídica y ética.

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