La batalla mediática

El título alude a la lucha que se viene protagonizando en silencio —vaya ironía— por democratizar a los medios masivos de comunicación a lo extenso de toda América desde hace cincuenta años, particularmente en el espectro radial.

No solo aquí, sino en prácticamente cada país del continente, las frecuencias fueron cedidas o concesionadas por el Estado a grupos económicos de mayor o menor fortaleza que, contrario al objetivo mismo de la ley, orientado a fortalecer el derecho a la expresión pública, las tornaron en lucro, vías de poder e instrumentos de ocultación.

La función social, educativa y formativa que se supone es inherente a esa joven tecnología —pues cuando se la comenzó a utilizar se buscaba hacerla un vehículo para hermanar a los seres humanos— se desacreditó y pasó a ser convertida más bien en canal de alienación y engaño, cuando no de mal gusto y chabacanería intencionalmente divulgadas. Ahora es obvio que entre más atrasada una nación más chuscas y toscas son sus radioemisoras, e incluso —como en este país más violento de la tierra— se da el caso único de carecer de una cultural.

Se han venido produciendo cambios, empero. México, que otrora encabezó, antes que Cuba, la innovación en tal campo, cedió pronto al capital local y foráneo y subastó sus frecuencias. A partir de 1992 El Salvador promulgó un buen código de telecomunicaciones y —además de abrir el espectro para más radios, situándolas a un hercio de distancia (en Honduras están a tres)— permitió la fundación de emisoras culturales, educativas, de emergencia y comunales, entre otras. Similar camino han seguido los gobiernos progresistas de Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y ahora Argentina, donde contra una feroz resistencia empresarial Cristina Fernández acaba de sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a fin de “desconcentrar y desmonopolizar” el mercado mediático, así como actualizar la legislación para adecuarla a nuevas tecnologías.

Usualmente estas avanzadas leyes dividen al espacio radioeléctrico en sectores pertenecientes al Estado, a compañías privadas y a organizaciones sin lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones, iglesias), pues lo que se propone es mayor pluralidad de voces, y crean una autoridad encargada de otorgar y revisar las licencias para frecuencias cada dos años, imponer multas o cierre por violaciones al decoro y la ley, limitando asimismo que un solo dueño posea más de diez estaciones de radio o televisión. De forma similar, para asegurar soberanía patria y evitar monopolios, las regulaciones prohíben que el capital extranjero participe con más de 30% en el paquete accionario de una empresa de comunicación, que las telefónicas incursionen en TV por cable o que instituciones financieras posean medio alguno de estas clases. Se busca con ello cerrar espacios a la manipulación informativa por intereses particulares.

Finalmente, se establecen nuevas pautas para el material transmitido: 60% de lo que muestra la televisión abierta debe ser creado en el país; las radios privadas deben emitir ciertos mínimos de producción local (70%) y de música nacional (30%), salvo en el caso de emisoras temáticas o destinadas a colectividades extranjeras. Los servicios de televisión por cable están obligados a incluir una señal propia o bien canales originados en el Mercosur y otros países de la región latinoamericana.

Obvio que es delito comercializar las frecuencias, como se acostumbra en Honduras (uno a cuatro millones de lempiras por una amplitud modulada y entre cuatro a 20 por frecuencia modulada, según región), pues son propiedad estatal concedida en usufructo. Se obliga que los transmisores tengan filtros que impidan invadir las ondas aledañas y que en Honduras es causa clave para no modernizar la ley: ello obligaría a las grandes cadenas locales, dueñas de muchas emisoras, a invertir en equipos y accesorios. Dicen ––aunque no me consta–– que el Congreso tiene ya el proyecto para reformar la legislación sobre telecomunicaciones pero que…