Jueces recuerdan a políticos que tema migratorio sigue sin resolverse

Washington,

Estados Unidos

Con su sentencia sobre la ley migratoria de Arizona, la Corte Suprema estadounidense recordó a republicanos y demócratas que el tema migratorio sigue pendiente de resolución, una posibilidad que parece remota en pleno año electoral.

Un estado no puede invadir la competencia del gobierno federal en política de migración, determinó la Corte en su histórica sentencia.

Pero Arizona sí tiene derecho a autorizar a su policía a pedir los papeles a alguien que es sospechoso de ser indocumentado, resolvieron los magistrados del alto tribunal.

“Es un paso adelante y dos atrás”, admitió el gobernador de Texas y figura del Partido Republicano, Rick Perry, en un comunicado.

“Es una luz ámbar. Y creo que ambos (partidos) deberían ser inteligentes y reconocer que deben resolver este tema”, comentó Tamar Jacoby, presidente de la organización independiente ImmigrationWorks, que aboga por una reforma migratoria. “Lo veo como una clara retirada respecto a lo que decidió la Corte el año pasado”, explicó.

En 2011, la Corte decidió que los estados tenían derecho a exigir a los patronos que verifiquen el estatuto migratorio de sus trabajadores.

En esta nueva sentencia emitida el lunes, los magistrados precisan sin embargo que buscar o lograr un trabajo en Estados Unidos sin papeles en regla no es un crimen, como pretendía la ley SB 1070 de Arizona, sino un delito que ya es sancionado adecuadamente a nivel federal.

Corresponde pues a las autoridades y a los empresarios averiguar el estatuto legal del trabajador, algo con hondas repercusiones prácticas en un país donde se calcula que viven 11.5 millones de indocumentados.

Para resolver ese desafío, la Corte recordó al gobierno federal y a los estatales que “el proceso de consulta (...) es una parte importante del sistema inmigratorio”.

En otras palabras, el sistema actual en vigor, mediante el cual la policía de un estado puede pedir a la agencia federal de Inmigración y Aduanas (ICE) que verifique el estatuto de un sospechoso de ser indocumentado, debe ser aplicado.

Tanto republicanos como demócratas, responsables estatales, como el gobierno federal, se apropiaron de la sentencia como una victoria, una clara señal de la división en torno al tema. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó que su policía controlará los papeles de sospechosos como le autoriza ya definitivamente la Corte.

Jefes policiales en Arizona reiteraron su preocupación por esa disposición.

“Haremos lo que podamos para aplicar la ley. Pero nos metemos en territorio desconocido”, advirtió en un comunicado el jefe de policía de Tucson (Arizona), Roberto Villaseñor.

Altos responsables del gobierno de Obama señalaron a periodistas en teleconferencia que vigilarán estrechamente que esa política no conlleve discriminación racial.

Tolerancia

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) “concentrará sus recursos en aquellos que están en nuestro país ilegalmente y que cometen otros actos criminales”, en lugar de buscar a los indocumentados que no cometen delitos, advirtieron esas fuentes.

En el Congreso las esperanzas de reabrir el debate migratorio son nulas en periodo preelectoral.

A nivel estatal, al menos ocho estados estudiaron leyes para luchar contra la inmigración ilegal este año.

Alabama destacó con la ley más dura, la HB56, que además de copiar la política respecto a los controles policiales en Arizona, incluye una cláusula según la cual las escuelas públicas pueden pedir a los alumnos prueba de residencia.

“Si los gobiernos de los estados siguen votando nuevas leyes de inmigración, les decimos: adelante, nos veremos en los tribunales”, desafió Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles estadounidense.

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