Informe del TSC confirma despilfarro de 30 millones

Un despilfarro de casi 30 millones de lempiras se cometió en la Empresa Nacional Portuaria  (ENP) por diferentes irregularidades como contratación ilegal de personal, paracaidismo, pagos de servicios indebidos y compras anómalas, según un informe del El Tribunal Superior de Cuentas  (TSC).

La investigación abarcó a las tres últimas administraciones presidenciales, es decir, la de Manuel Zelaya (2006-2009), el periodo interino de Roberto Micheletti (junio de 2009 a enero de 2010) y los casi dos años de Porfirio Lobo Sosa.

“Los hallazgos han originado responsabilidades civiles por la cantidad 28,500,177.49 que, de acuerdo a lo que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, serán notificadas a cada sujeto de responsable a través de pliegos de responsabilidad civil”, dice el reporte.

Esta suma es el resultado de 18 hallazagos con responsabilidades administrativas. El informe en mención es el 070/2010 DCP-SCSD, que fue entregado ayer al gerente de la ENP, Maynor Pinto, cuya gestión sale involucrada en las actos de corrupción.

La magistrada del TSC, Daysi de Anchecta, dijo que “este informe tiene pliegos de responsabilidad, las responsabilidades andan arriba de los 15 o 17 millones”.

Por lo menos un centenar de empleados y exempleados de la Portuaria serán notificados del pliego de responsabilidades, indicó la funcionaria.

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Así fue la piñata

En el capítulo III del documento se señala que debido a “deficiencias encontradas en la modalidad de contratación y pago de honorarios” se erogaron unos 5 millones de lempiras.

La ENP también hizo en 2010 un “pago irregular por arreglo extrajudicial“ de 13.5 millones de lempiras a favor de Héctor Rodolfo Bueso Hernández, debido a daños ocasionados por la Portuaria a un equipo de perforación propiedad de Perforaciones Jocal, S.L.

En 2006 la ENP utilizó un equipo no adecuado para descargar la perforadora y por eso el mismo se dañó, pero según dictamen de una empresa aseguradora de la estatal, la culpa del percance fue de la compañía naviera que se encargó del desembarco.

También se menciona en el informe que el señor José Leon Reyes es oficial de protección de instalaciones, pero al mismo tiempo recibe una pensión del Instituto de Previsión Militar, lo que le ha ocasionado un daño patrimonial a la institucion de casi 100 mil lempiras.

La Portuaria ha erogado casi un millón de lempiras en la contratación de asesores de la gerencia general que no se encontraron en sus puestos de trabajo al momento de que el TSC hizo una inspección y “tampoco se encontró evidencia de los trabajos realizados por los mismos”.

Se demostraron otros hechos de derroche, como la asignación de miembros de la Guardia de la Unidad de Protección Portuaria (UPP) para vigilar casas particulares, entre ellas la del titular de la ENP, Maynor Pinto. La efectación financiera para el Estado por ese hecho asciende a 148 mil lempiras.

"Se observó que el gerente Maynor Pinto, el subgerente y el jefe de compras se hacen acompañar de guardaespaldas que están asignados las 24 horas del día, los siete días de la semana; asimismo, se indagó que el asesor de gerencia, Óscar Armando López, tiene asignado guardia en su casa de habitación".

En mayo de 2010 se erogaron 1.7 millones de lempiras para adquisición de repuestos de camiones, pero la adquisición carece de comprobantes de compras.

El TSC señala que en 2010 la Portuaria gastó 2.1 millones de lempiras en contratación de publicidad, pero "no hay evidencia del servicio prestado".

La administración de la ENP contrató en 2009 a cuatro empresas para que hicieron revisión física y submarina de los puentes de acceso a Puerto Cortés para saber si había sufrido daño por el terremoto del 28 de marzo de ese año.

Se gastaron 675 mil lempiras en esa contratación, pero los hicieron el trabajo "sin presentación del informe que evidencia el trabajo técnico realizado".

"La Empresa Nacional Portuaria cuenta con una división técnica, que debió hacer estas inspecciones y no pagar esta cantidad de dinero, por lo tanto, se deben deducir responsabilidades a los funcionarios responsables", acota el documento.

En la inspección de campo del TSC se comprobaron algunos hechos, comopersonal supernumerario en departamentos de áreas administrativas; movimientos temporales y traslados de empleados sin existir evidencia en el expediente;empleados que no se encontraron en su lugar de trabajo; y empleados en espera para marcar la salida, con dos tarjetas en su poder.

También "se observó que el personal de confianza (permanente y eventual) no registra su entrada y salida".

Respecto a las denuncias de contratación de familiares de funcionarios, el TSC indicó que ese punto será investigado en otro informe, luego de que el Registro Nacional de las Personas les remita ciertos datos mediante los cuales se pueda probar ese extremo. 

Recomendaciones

El informe contiene 55 recomendaciones, la mayoría formuladas para el gerente de la Portuaria, Maynor Pinto.

Una de esas recomendaciones consiste en "conminar al gerente Pinto para que instruya al jefe de servicios generales que cumpla con los requisitos para contratar y realizar acciones coordinadas en la toma decisiones, mismas que deben estar fundamentadas en las leyes vigentes del país y la reglamentación interna".

A pinto se le exige que "en la contratación de empleados por servicios no se estén pagando beneficios que no fueron establecidos dentro de las cláusulas de los contratos de prestación de servicios, y así evitar erogaciones innecesarias a la empresa".

Todas las contrataciones deberán estar respaldas por sus respectivas imputaciones presupuestarias.

La magistrada del TSC, Daysi de Anchecta, dijo que las debilidades en el proceso de control interno están entre las causas del despilfarro en le ENP.

Según la funcionaria, la unidad de auditoría de la empresa portuaria tiene algún grado de responsabilidad en estas anomalías porque en algunos casos hizo funciones de "coadministrador", cuando su función debe ser únicamente de hacer informes sobre sobre la gestión.

En cuanto a los nombres de los responsables de los actos de corrupción, la magistrada apuntó que por ahora los mismos no pueden ser publicados, pero que el contenido del documento será remitido al Ministerio Público para tomar las acciones contra quien corresponda.

Pero expresó que los pliegos de responsabilidades serán "obviamente para gerentes y subgerentes, funcionarios de la Portuaria que en un determinado caso deberán probar si es o no cierta la investigación realizada".

25 millones en contrataciones ilegales en la Portuaria

La investigación del Tribunal Superior de Cuentas en la Empresa Nacional Portuaría tambien revela que existió violación a la Ley de Contratación del Estado en diversas adquisiciones de obras.

En nuestra revisión se verificó que en la Empresa Nacional Portuaria se realizaron varios proyectos que se adjudicaron por medio de órdenes de servicio solamente con tres cotizaciones y en la mayoría de casos los contratistas cotizan entre sí", dice el informe.

Asimismo,"se desconoce la solvencia e idoneidad de los contratistas, como ser oficio, profesión y experiencia que muestre a qué actividad profesional se dedican, ya que solo presentan copia de la tarjeta de Identidad, en el mismo formato de solicitud de cotización de la Empresa Nacional Portuaria".

Fraccionamiento de obras

El resumen anterior muestra que de enero a septiembre de 2010 se han ejecutado proyectos por 25 millones de lempiras, adjudicados con órdenes de servicio mediante contratos con valores menores a 180 mil lempiras para hacerlos mediante contratación directa y así evitar licitaciones privadas o públicas.

La disposiciones generales del presupuesto de 2010 establecen que cuando una contratación es superior a 180 mil lempiras debe de ser realizada por medio de licitación privada.

Por ejemplo, para la construcción y reparación de losas de concreto se efectuaron 47 contrataciones directas, cada una con un valor de 170,479.58 lempiras. La suma de esas montos es de 8,012,540.24 lempiras, es decir que se pudo hacer una licitación pública para obtener un mejor precio global.

Asimismo, se invirtieron 6.2 millones de lempiras para reparación de oficinas, pero no se convocó a una licitación pública para ello sino que se emitieron 34 órdenes de servicio, cada una valorada en unos 183 mil lempiras.

"Lo anterior incumple la Ley de Contratación del Estado en su artículo 25, que establece: “El objeto de la contratación de la ejecución de un proyecto no podrá ser fragmentado, de forma que mediante la celebración de varios contratos se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta ley".

Los responsables de la división técnica manifestaron que la mayoría de las reparaciones se deben a los daños sufridos en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria como consecuencia del sismo del 28 de mayo de 2009.

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